Se informó oficialmente que la quiebra de una compañía azucarera en la provincia "fue declarada concluida en febrero del 2025, con alrededor de USD 995.000 en dividendos para ser percibidos por distintos acreedores. Una vez cumplido el plazo legal y habiéndose presentado sólo un acreedor, en marzo del 2026 el magistrado declaró la caducidad de los USD 991.536,36 que no habían sido reclamados". El juez doctor Pedro Yane Mana considero que "al tratarse de un monto elevado, para garantizar que el dinero sea invertido de una forma eficiente, era necesario elaborar un plan detallado para su uso. Por ello, en el mismo acto informó sobre la existencia de esos fondos al Ministerio de Educación de la Provincia y le solicitó que elabore un proyecto de inversión específico orientado al fomento de la tecnología aplicada a la educación obligatoria y especial en el sistema educativo provincial".
En tanto se precisó que desde la "cartera educativa provincial se presentó un proyecto que prevé la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipamiento informático en 67 escuelas públicas de la provincia de niveles primario, secundario, superior no universitario y de modalidad especial, teniendo en cuenta las necesidades, perfil pedagógico y espacio disponible de cada escuela elegida. Por ejemplo, para los establecimientos de modalidad especial se presupuestó la compra de valijas adaptativas (kits de inclusión que incluyen, por ejemplo, tablets y auriculares de cancelación auditiva), y para las escuelas de enseñanza técnica y superior, computadoras aptas para desarrollo y diseño gráfico. También está prevista la adquisición de PCs de escritorio, notebooks y routers inalámbricos".
Cabe señalar que "el proyecto fue aprobado por el magistrado, quien estableció además la obligación por parte del Ministerio de Educación provincial de presentar, en un plazo de 120 días hábiles, una rendición de cuentas integral y documentada del uso de los fondos".