Evalúan una norma para regularizar edificios sin final de obra

Hay 253 edificios de vivienda en la capital tucumana que se habitan sin certificado de final de obra. El dato surge de un relevamiento de la Dirección de Catastro sobre 1.450 edificaciones de vivienda, y fue el eje de una mesa de trabajo en el Concejo Deliberante, abierta a la prensa. Se realizó en el Salón de Usos Múltiples del quinto piso.

El tema volvió a la agenda tras la explosión seguida de incendio en el edificio de Monteagudo 120, que dejó un fallecido. La Municipalidad confirmó que ese inmueble nunca obtuvo el final de obra y que Catastro lo tenía intimado desde 2018. Los concejales que pidieron una auditoría aclararon que no afirman que esa falta haya causado el hecho. En la última sesión, el cuerpo aprobó por unanimidad de los presentes citar directamente a los funcionarios, luego de que Ernesto Nagle propusiera reemplazar un pedido de informes por esa convocatoria.

La reunión juntó a las comisiones de Obras Públicas y de Planeamiento con funcionarios del Ejecutivo municipal, y la encabezó el presidente del Concejo, doctorFernando Juri. Al terminar acordaron unificar la información y volver a reunirse para decidir si hace falta una norma que permita regularizar la situación y facilite el trabajo de las reparticiones municipales.

Juri explicó con qué vara se mirará cada edificio:

“Lo que queremos determinar es la situación específica de cada caso, una cosa es la falta de extintores de incendio o que le falte una cochera y otra es la falta de salidas de emergencia o la construcción de más pisos sin los cimientos aptos. Analizamos caso por caso”.

Sobre las medidas más duras, el titular del cuerpo fue claro: “La última opción será lógicamente el desalojo de alguna unidad porque no queremos llevar preocupación a personas que vivan en edificio sin final de obra”.

El concejal Gustavo Cobos, promotor de la resolución que permitió citar a los funcionarios, planteó que una eventual norma debería resolver dos problemas a la vez: “El objetivo nuestro es poder avanzar con alguna normativa que le dé punto final a dos problemáticas: por un lado regularizar a aquellos edificios que no cuentan con el certificado de final de obra para que estén seguros quienes ahí viven, y además que puedan escriturar estas unidades”. Cobos añadió que también se analizará si el municipio necesita más herramientas para sancionar.

El secretario de Obras Públicas, Luis Lobo Chaklián, explicó que los 253 edificios deben dividirse entre los que están en grave incumplimiento y los que pueden regularizarse. Sobre ese conjunto hay 1.084 multas. Según indicó, unas 1.100 construcciones de vivienda colectiva están en el área central, donde hay casi 50.000 padrones de vivienda sobre los 173.000 de toda la ciudad.

Los funcionarios repasaron además otros relevamientos: 52 boliches que funcionaban sin autorización y fueron regularizados, 245 fachadas en mal estado y 17 edificios con peligro de derrumbe, sobre los que se trabajó. “Hablamos de personas, no de una construcción más o una menos”, sostuvo Lobo Chaklián.

Participaron también los concejales Facundo Vargas Aignasse (presidente de Planeamiento), Federico Romano Norri (presidente de Obras Públicas), Gonzalo Carrillo Leito, Cristian Abel, Ramiro Ortega, Alfredo Terán de Zavalía, Ernesto Nagle, Eduardo Molina y Emiliano Vargas Aignasse, y los funcionarios Nora Belloni (directora de Catastro) y Rubén Fernández (subsecretario de Seguridad Ciudadana).