El Gobierno de Tucumán, encabezado por Osvaldo Jaldo, tomó intervención directa en el conflicto laboral que afecta al ingenio Bella Vista, donde unos 66 trabajadores enfrentan el riesgo de ser despedidos en medio de un proceso de transición empresarial.
El Gobernador recibió en Casa de Gobierno a representantes de los trabajadores y autoridades del municipio de Bella Vista para abordar la compleja situación que se generó tras conocerse la posible desvinculación de personal. El conflicto surge en el marco de las negociaciones de traspaso entre las firmas José Minetti y Arca Continental.
El encuentro contó con la participación del ministro del Interior, Darío Monteros; el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad; el secretario de Trabajo, Andrés Galván; la intendenta de Bella Vista, Paula Quiles; los legisladores WalterHerrera, Roque Argañaraz y Raúl Ferrazano; la presidenta del Concejo Deliberante, Fernanda Jerez; y los concejales Pablo Vildoza, Silvana Heredia y José María Medina.
“El gobernador junto al ministro de Economía van a comunicarse con los representantes de estas dos firmas para buscar un consenso y equilibrar esta situación”, señaló Monteros. Además, adelantó que este martes se realizará una nueva reunión en la Secretaría de Trabajo con las partes involucradas.
El ministro Galván explicó que, si bien aún no se han enviado telegramas de despido, el conflicto es real. En una reunión previa con las partes gremial e industrial, se solicitó a las empresas suspender cualquier desvinculación: “Nos dijeron que despidos no va a haber, tanto de parte de Minetti como de Arca Continental”, afirmó.
Sin embargo, remarcó las irregularidades del proceso: “Nos llama la atención que los despidos se concentren en el personal de fábrica, cuando supuestamente Minetti conservaría la destilería, el campo y otros sectores. Por eso pedimos que mañana se presenten todos los documentos por escrito”.
La situación se agrava por las versiones cruzadas. Según Galván, Arca Continental indicó que la decisión de los despidos habría sido tomada por Minetti, amparada en su situación de convocatoria de acreedores. La falta de información clara despertó preocupación en el Gobierno, que busca transparentar el proceso.
José Leguizamón, secretario de los empleados del ingenio, expresó su inquietud: “Queremos que las inversiones vengan, pero no a costa de la necesidad del trabajador. No queremos que esto se repita en otros ingenios”.
Desde el Ejecutivo insisten en que la prioridad es preservar los puestos de trabajo y garantizar que los nuevos inversores respeten los derechos laborales: “El gobernador gobierna para todos los sectores, también para los trabajadores de la economía regional del azúcar”, concluyó Monteros.