En su discurso de “Apertura del Año Judicial 2025″, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Daniel Leiva destacó que “en cuanto a la pendencia o atraso de sentencias definitivas vencidas de la primera instancia del Centro Judicial Capital en igual periodo, el resultado también fue positivo, al registrarse una disminución del 93% de mora en el Fuero de Familia, del 55% en el Fuero Civil, y del 20% en el Fuero del Trabajo, todo ello en gran medida a partir de contar con magistrados afectados exclusivamente al dictado de sentencias sin tener que ocuparse de tareas distractivas de su función como sucedía con el antiguo esquema de trabajo en la estructura de un juzgado”. También destacó que “con relación a las sentencias definitivas dictadas, entre octubre de 2023 y 2024 también hubo una variación positiva del 17% en los Fueros Civil y Comercial de la Capital, del 62% en Familia de Capital y del 28% en Familia de Concepción”.
Este fue el discurso completo del doctor Leiva:
Señor Vicegobernador, Señoras y Señores Vocales de esta Corte Suprema de Justicia, Señor Ministro Fiscal, Señor Ministro Pupilar y de la Defensa, miembros de la Cámara Federal de Apelaciones de la Provincia de Tucumán, Señor Presidente Subrogante de la Honorable Legislatura, Magistrados y Magistradas, Funcionarios y Funcionarias, Señores Presidentes de los Colegios de Abogados, invitados e invitadas especiales, tengan ustedes muy buenos días.
En la apertura del presente año judicial, debo comenzar reconociendo el destacado compromiso y responsabilidad demostrado por los integrantes de este Poder Judicial en el acompañamiento a las políticas dispuestas desde la Corte Suprema de la Provincia en procura de asegurar el acceso a justicia y garantizar la tutela judicial efectiva a los ciudadanos, lo que en definitiva constituye el vértice mismo de nuestra función.
Asimismo, resulta oportuno agradecer a mis colegas de Corte por el trabajo, respeto y responsabilidad a lo largo de todo el proceso de transformación institucional por el que atravesamos, tanto en sus respectivas propuestas, iniciativas como el acompañamiento a las políticas dispuestas en conjunto desde el seno de la misma.
Este modesto mensaje pretende recordarles sobre los objetivos que nos planteáramos el año pasado como así también ponerlos en conocimiento sobre algunos de los objetivos propuestos para el año en curso.
Con ese motivo, se implementaron las líneas de trabajo dentro de las directrices del Plan Estratégico Institucional 2024/2030 de esta Corte, que tiene como pilares transversales a la calidad, la innovación y la mejora continua.
Así, a la decidida implementación del expediente digital y a los cambios procesales profundos de los últimos años, se sumó como herramienta de gestión de los procesos en primera instancia a la modalidad de oficinas de gestión asociada -de aquí en más las denominaremos OGA- en reemplazo de las estructuras tradicionales de los juzgados.
Con esta medida se pretendió eficientizar el trabajo de base procesal de los magistrados, funcionarios y empleados. Las 74 estructuras de funcionarios y empleados de juzgados de primera instancia existentes hacia finales del año 2023 en todo el Poder Judicial de la Provincia se transformaron en 25 oficinas de gestión asociada, todo ello en procura de avanzar rumbo a una mayor eficacia en la tramitación de los procesos a través de la sistematización y ordenamiento del trabajo.
Y allí está uno de los puntos centrales de este mensaje, mostrarles, bajo un estricto rigor estadístico, como todos esos cambios se tradujeron en una mejor forma de administrar los procesos en los conflictos que nos son traídos para su resolución.
Previo a entrar en el tema, resulta importante destacar que estas transformaciones vinieron realizándose a la par de la implementación e incorporación de nuevas lógicas de trabajo de procesos en todos nuestros estamentos, sometidos al escrutinio de auditores externos en materia de calidad, con certificaciones y recertificaciones de procesos bajo estándares internacionales, tanto en las unidades jurisdiccionales como en las no jurisdiccionales. En tal sentido, durante el año 2024 se finalizó con un total de 35 unidades certificadas y recertificadas bajo las normas internacionales ISO 9001, cuando en el año 2021 contábamos con tan solo una de ellas certificada. Con ello, además de las certificaciones que constituyen un logro por sí mismo, es destacable la cultura de trabajo, la cohesión de equipos y el orden interno que se logró en procura de brindar celeridad y certeza en la tramitación de los procesos a los justiciables.
Para poder analizar con precisión la marcha de la gestión judicial, y producir las correcciones necesarias, hemos naturalizado en estos años someternos al escrutinio de resultados concretos elaborados en tiempo real con un estricto rigor estadístico profesional y certificado con normas ISO 9001 a través de nuestra oficina de estadísticas. En tal sentido, tenemos muy presentes a todos los indicadores que nos avisan como estamos gestionando los procesos judiciales a nuestro cargo.
Como prueba de las mejoras conseguidas por muchos de los aquí presentes, quiero destacarles algunos indicadores del año 2024:
En lo que implica un verdadero cambio de paradigma en la administración de justicia, en un plazo de un año y dos meses, durante el mes de noviembre pasado culminamos con la puesta en funcionamiento de 25 oficinas de gestión asociada en la primera instancia en reemplazo de los 74 juzgados a los que ya hiciera referencia.
Estas estructuras prestan soporte a varios jueces de manera simultánea, permitiéndonos entre fines de 2023 y principios de 2024 la incorporación de 14 nuevos magistrados en los Centros Judiciales Capital y del Este con prácticamente la misma planta preexistente de funcionarios y empleados, con un importante ahorro y ordenamiento del gasto público.
El diseño de la OGA de cada fuero fue parte de un proceso participativo en el que intervinieron magistrados, funcionarios y empleados de la primera instancia. La planificación se realizó cimentada en datos ciertos y abordó múltiples dimensiones: entrevistas y reasignación de personal, obras y rediseño de espacios, digitalización y despapelización de expedientes, readecuaciones de la infraestructura informática, habilitaciones de usuarios, migración de causas, entre otras medidas.
La puesta en funcionamiento se tradujo principalmente en la mejora de los indicadores de pendencias o atrasos, incluso con una mayor producción de actuaciones judiciales.
La pendencia o atraso de escritos, o sea la demora de trámite a las presentaciones del despacho diario, se ha visto disminuida notoriamente, y ello pone de manifiesto una mejora en los tiempos de respuesta a los justiciables.
En efecto, si se analiza la cantidad de escritos pendientes vencidos en primera instancia de los Fueros del Trabajo, Familia y Sucesiones, y Civil y Comercial Común, antes y después de la implementación de las OGAs, podemos apreciar importantes diferencias.
A título de ejemplo valga destacar que, con las OGAs ya funcionando, se advirtió en el lapso de un año la disminución del 86% de la pendencia de escritos en el Fuero Civil y Comercial de la Capital, de un 79% en el Fuero de Familia Capital, un 98% en el Fuero de Trabajo Capital y un 96% en el Fuero de Familia Concepción.
En cuanto a la pendencia o atraso de sentencias definitivas vencidas de la primera instancia del Centro Judicial Capital en igual periodo, el resultado también fue positivo, al registrarse una disminución del 93% de mora en el Fuero de Familia, del 55% en el Fuero Civil, y del 20% en el Fuero del Trabajo, todo ello en gran medida a partir de contar con magistrados afectados exclusivamente al dictado de sentencias sin tener que ocuparse de tareas distractivas de su función como sucedía con el antiguo esquema de trabajo en la estructura de un juzgado.
El número de audiencias celebradas en la primera instancia del Fuero Civil y Comercial del Centro Judicial Capital (primeras y segundas audiencias previstas en el Código Procesal Civil), se incrementó en un 55% entre octubre de 2023 y de 2024.
Con relación a las sentencias definitivas dictadas, entre octubre de 2023 y 2024 también hubo una variación positiva del 17% en los Fueros Civil y Comercial de la Capital, del 62% en Familia de Capital y del 28% en Familia de Concepción.
Además de las mejoras mencionadas en el desarrollo de los procesos, es importante destacar otros beneficios que este esquema ha demostrado poder brindarnos:
la profundización de una lógica de gestión con implementación de tableros estadísticos en las OGAs para un mejor seguimiento, control y toma de decisiones en tiempo oportuno.Se produjo la integración de mesas de trabajo con los directores de las OGAs para una mayor interacción, mejor comunicación e intercambio de experiencias.
La ampliación en el horario de atención en ambos Centros Judiciales del Sur.
Se logró una optimización del uso de espacios físicos, lo que dio lugar a la puesta en funcionamiento de nuevas unidades jurisdiccionales incluso con ahorro de recursos, por la baja de contratos de alquiler de inmuebles para el funcionamiento de distintas dependencias.
Todos estos cambios, sumados al expediente digital implementado desde el año 2020, han posibilitado mejoras en los tiempos de tramitación de los procesos cuando hacemos un análisis detallado de ciertos indicadores claves:
En tal sentido con relación a los escritos vencidos o atrasados para proveer, el día 31 de agosto del año 2020, fecha que tomamos como de inicio de medición de datos una vez unificada la plataforma de trabajo para los fueros no penales, se registraron 10.840 escritos vencidos en todo el Poder Judicial, numero este que refleja una situación de mora que se presentaba históricamente desde años atrás. En fecha 31 de diciembre de 2024 ese indicador disminuyó sensiblemente a partir de las distintas medidas de gestión adoptadas por esta Corte durante ese periodo, registrándose un total de 276 escritos vencidos en toda la provincia.
Las sentencias definitivas vencidas, también en igual periodo, disminuyeron en un 50%, de 1406 a 697; y las interlocutorias en un 67%, de 1522 a 507.
En cuanto a los tiempos de tramitación del proceso, se registraron mejoras importantes:
En efecto, en iguales períodos del que se extrajeron los anteriores indicadores, en la primera instancia de los fueros no penales del Centro Judicial Capital, de todas las primeras sentencias definitivas en 2024, el 50% se dictó en menos de 6 meses luego de concluido el plazo de mediación obligatoria, cuando así correspondiere, siendo que, en 2020, el 50% de las primeras sentencias definitivas dictadas demoraron más de 11 meses.
Estos datos se suman a otros que muestran cómo el Poder Judicial mejoró notablemente su gestión:
Durante 2024, en los fueros no penales ingresaron un total de 67.740 causas, lo que significa un 31% más que las ingresadas en 2019, último año de trabajo con el expediente papel.
Asimismo, durante el año pasado ingresaron 1.360.596 presentaciones de abogados y auxiliares a través del Portal del SAE, mientras que en 2019 el total de presentaciones en formato papel ingresadas había sido de 638.275, lo que significa un incremento del 113% de presentaciones entre ambos periodos, un claro indicio de una mayor celeridad en los tramites como así también un mayor acceso a justicia, teniendo en cuenta que las presentaciones en los expedientes pueden realizarse las 24 horas los siete días de la semana.
Se dictaron en 2024 un total de 41.262 sentencias definitivas y 65.300 sentencias interlocutorias.
De las 67.740 causas ingresadas el año pasado a las que hiciera referencia, 25.869 lo hicieron al Fuero de Familia, constituyéndose el mismo como el que receptó la mayor cantidad de causas con el 38% del total. De ese número de ingresos, 12.948 -o sea un 50% de las causas del Fuero de Familia- corresponden a la temática de violencia, equivalente al 20% del total de las causas civiles que ingresaron en 2024 al Poder Judicial de Tucumán.
La temática de violencia nos demanda efectuar un abordaje especializado en la materia, con revisión de circuitos y composición de las estructuras internas del Poder Judicial para lograr el máximo apoyo posible a las víctimas de este flagelo.
Las políticas públicas para atender casos de violencia son parte de nuestro compromiso como Poder Judicial, cimentado en fundamentos jurídicos, éticos y sociales que persiguen la protección de los derechos de personas vulnerables víctimas de violencia.
En materia Civil y Comercial, como es sabido a partir de la implementación del nuevo Código Procesal Civil y Comercial en noviembre de 2022, se incorporaron de manera expresa principios tales como el de celeridad, inmediación y sobre todo se dispuso el cambio mismo de la matriz del proceso, que pasó de ser escrita y formal, a flexible y de formas digitales plurales, orales o escritas.
Para garantizar su eficacia, entre finales de 2023 y principios 2024 se duplicó la cantidad de jueces civiles y comerciales, pasando de 8 a 16 en el Centro Judicial Capital, mientras que el trámite de los procesos pasaron a ser gestionados por cuatro OGAs atendidos por prácticamente el mismo número de empleados y funcionarios con los que trabajaba el fuero en la ya extinta estructura de juzgados, todo ello a partir de una eficiente asignación de roles y distribución de trabajos en cada una de dichas oficinas. En el Centro Judicial Concepción se dispuso la creación de una OGA para los tres juzgados civiles mientras que en el Centro Judicial Monteros se dispuso la creación de una OGA multifueros para asistir a los magistrados de materias Civil y Comercial Común, Documentos y Locaciones y del Trabajo.
En lo que respecta a la Justicia de Paz, debo destacar que la visión y compromiso de esta Corte de constituir a los Juzgados de Paz como verdaderos centros de atención primaria de justicia, se encuentra en un camino de consolidación y profundización.
Desde la puesta en funcionamiento en el año 2022 de un Programa de Fortalecimiento Institucional de la Justicia de Paz, ya en el año 2024 se han logrado avances significativos en su implementación. De esta manera se consiguió una mayor cobertura jurisdiccional, para lo cual ha sido clave la expansión de la Justicia de Paz Letrada. Antes del inicio del plan, contábamos con 9 Juzgados de Paz letrados, y hoy contamos con 24 sumado a la ampliación de la competencia territorial de los mismos en relación con dos materias clave: las medidas de protección de personas y los alimentos provisorios, extendiendo su alcance a toda la provincia. Este cambio permite que los ciudadanos puedan solicitar estas medidas en cualquiera de los Juzgados de Paz, sin importar su ubicación geográfica dentro del territorio provincial. Esta decisión se ve fortalecida a partir de la implementación de nuestras herramientas digitales que en muchos aspectos hacen que el factor distancia no sea un escollo para los vecinos del interior ni un impedimento para los operadores judiciales.
Este sistema agilizó considerablemente el proceso y ha brindado un acceso más rápido y eficiente a justicia.
Como resultado de esta extensión de competencias, se ha registrado un aumento notable en los expedientes sobre las temáticas de violencia y alimentos, habiéndose tramitado durante el último año 531 casos de alimentos provisorios y 340 pedidos de protección de personas. Esto implica un importante avance con relación al año 2023 en el que se registraron 43 pedidos de alimentos e igual número de pedidos de protección de personas.
Es importante también destacar que, a partir del convenio firmado con el Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia, y con el fin de facilitar la tramitación de copias de actas para la población del interior, se estableció un sistema mediante el cual los ciudadanos a través de los Juzgados de Paz pueden solicitar actas inscriptas fuera de su jurisdicción, que se encuentren en delegaciones del Registro Civil o en el Archivo de la Provincia. Desde su implementación a partir de noviembre de 2024 hasta finales del mismo año los vecinos del interior solicitaron 1190 actas por esta vía, todo ello en tan solo dos meses.
En materia de infraestructura, en el año 2024 se inauguraron los juzgados de paz de La Ramada, La Cocha, Los Puestos, Taco Ralo, El Mollar, Amaicha del Valle, Alpachiri, Los Sarmientos y Burruyacú, encontrándose además al día de la fecha finalizados los edificios de los juzgados de paz de Juan Bautista Alberdi, Atahona, Gobernador Garmendia, Delfín Gallo, Simoca, Bella Vista y Tacanas.
Para este año, se prevé la finalización de los edificios de los Juzgado de Paz de Tafí Viejo, Cebil Redondo, Acheral y Villa Quinteros.
En materia penal, dentro del marco del nuevo código procesal adversarial, durante el año 2024 se dictaron un total de 2386 sentencias definitivas entre condenatorias y/o absolutorias, a las que debe sumársele las de causas tramitadas dentro del proceso de conclusión de causas pendientes del viejo Código Procesal Penal.
En dicho esquema procesal adversarial se llevaron a cabo 205 debates de juicios orales y 1786 juicios abreviados.
Asimismo, en 2157 causas se dictaron 1103 condenas condicionales y 1283 condenas efectivas, destacándose que 264 de estas últimas, es decir un 21%, resultan ser condenas condicionales que se tornaron efectivas por revocación de la condicionalidad. Este dato nos muestra a las claras que se ha implementado un sistema de trabajo que funciona dentro de una dinámica que nos permite velar de manera efectiva sobre el cumplimiento de las condiciones que se dispusieron en cada una de las condenas condicionales dictadas y disponer la revocación de la condicionalidad para el caso de sus incumplimientos.
Las 1283 condenas efectivas dictadas generaron un significativo impacto en el sistema carcelario al promediar el ingreso mensual en el número de 106 personas, sumadas a las catorce condenas mensuales promedio del sistema de Conclusión de causas pendientes. Esta situación fue debidamente atendida por los magistrados de ejecución de sentencia en lo que respecta a sus competencias con relación a la puesta en funcionamiento de dos nuevos presidios y la re-funcionalización de espacios en los ya existentes.
Vaya mi reconocimiento a la decisión institucional de los poderes del estado de incluir en la agenda de políticas públicas el tema carcelario.
En toda la provincia, se llevaron a cabo un total de 20.589 audiencias, lo que promedia 98 audiencias por cada día hábil, superando el número de 2023 que fue de 91 audiencias por día hábil. De ese total, 5488 se llevaron a cabo en el marco de competencia de los Juzgados de Ejecución de todos los Centros Judiciales.
Debemos destacar también que, con relación a la temática de narcomenudeo, se celebraron 935 audiencias vinculadas a este delito y se dictaron un total de 114 condenas efectivas y 37 condenas condicionales.
En la atención de las causas comprendidas en el fuero penal dentro del esquema de atención de causas pendientes al que ya hiciera referencia, durante el último año se dictaron 444 sentencias definitivas del tipo condenatorias y/o absolutorias por la Cámara Penal y el Juzgado Correccional Conclusional.
A todo ello, debe sumarse el importante trabajo realizado en el área de atención y asistencia a las víctimas, dado que durante el año 2024 se trabajaron un total de 2104 legajos nuevos de los cuales el 57% correspondieron a delitos contra la integridad sexual; 33% del total se presentaron en un contexto de violencia doméstica y de género mientras que el resto referían a distintos delitos tales como homicidios y robos entre otros.
Todos los años en esta instancia destaco la importancia que reviste para este Poder Judicial el haber generado una verdadera identidad digital en respuesta a la dinámica que nos exige el tiempo que vivimos. Esto nos ha llevado a contar con herramientas informáticas que nos permiten avanzar con nuestra planificación y trabajo del día a día de manera independiente sin ninguna atadura a tiempos y prioridades de terceros prestadores de servicios.
De esta manera se ha logrado unificar y estandarizar la plataforma de trabajo jurisdiccional, la cual es atendida dentro de una lógica de mejora continua.
En este año 2025, más exactamente a partir del próximo mes de mayo, lanzaremos la segunda versión del Portal del SAE, lo que significará una importante mejora al ya eficiente Portal en uso.
La nueva versión del Portal también ofrece y consume servicios web, lo que facilita la integración con otras plataformas y bases de datos. Esta funcionalidad es esencial para la puesta en funcionamiento de la automatización de proyectos de distintos actos procesales, otro de los desafíos claves del año 2025.
En un primer momento, posibilitará la implementación de un sistema para la automatización de proyectos de decretos en el proceso de ejecución fiscal, con posterior intervención humana para el estricto control del proyecto confeccionado.
También es importante señalar la actividad de otras herramientas digitales que sirven como soporte a magistrados y abogados durante el desarrollo de los procesos.
Así es como la envergadura digital de nuestro Poder Judicial nos exige contar con una infraestructura tecnológica acorde a los desafíos informáticos actuales. En ese sentido, hemos concretado el año pasado el proyecto de infraestructura tecnológica más importante en la materia con la puesta en pleno funcionamiento del nuevo Data Center Judicial, como respuesta al enorme desafío que presenta el escenario digital tucumano respecto al almacenamiento del volumen de datos asociadas al expediente digital judicial, a la seguridad informática, a la eficiencia energética y a la gestión ambiental responsable.
En lo relacionado a nuestra política digital, se está trabajando sobre los sistemas que componen la Plataforma Alberdi para sumarles mejoras a través de la incorporación de la inteligencia artificial ordenatoria como herramienta de asistencia al desempeño de la labor judicial, lo que constituye uno de los más importantes desafíos para el año en curso.
Aprovecho la oportunidad para invitar a los magistrados y magistradas para hacernos llegar las propuestas e inquietudes que pudieran tener sobre la temática.
Resulta necesario destacar que con motivo de la implementación de OGAs en los fueros no penales a las que ya hiciera referencia, durante el año 2024 se debió llevar a cabo un importante rediseño y refuncionalización de las instalaciones edilicias para adecuarlos a la nueva realidad. En todos los centros judiciales de la provincia tuvieron que efectuarse esas tareas que en definitiva posibilitaron la optimización de espacios, valiendo como ejemplo lo sucedido en el Centro Judicial Concepción donde las dependencias en las que funcionaban las primeras instancias de los fueros no penales que antes ocupaban 1360 metros cuadrados, fue reestructurada con una ocupación de 958 metros cuadrados, lo que implicó una reducción del 30% del espacio utilizado. A partir de esta medida se prescindió del alquiler de dos inmuebles con el consecuente ahorro que la medida trajo aparejada.
En el predio ubicado en calle España esquina Laprida, este año se proyecta refuncionalizar y construir un espacio de 600 metros cuadrados para albergar las dependencias de la Oficina de Gestión de Audiencias del Fuero Penal Capital, lo que nos permitirá generar un mejor lugar de trabajo para el personal de ésta y readecuar una importante superficie del actual edificio de dicho fuero.
Con relación al nuevo edificio del Centro Judicial del Este, que contará con 6565 m² y 4 niveles, la obra continúa en ejecución y su finalización está prevista hacia finales de 2026.
Durante el transcurso del año 2024 se suscribieron un importante número de convenios, destacando los siguientes:
- Con la Fundación ANIA (Ayuda para los niños con Autismo) a fin de propiciar la colaboración a las personas con autismo en el marco de procesos judiciales.
- Con la Secretaría de Estado de Políticas Integrales sobre Adicciones del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la provincia de Tucumán para garantizar los derechos y facultades previstas en la legislación nacional y provincial de Salud Mental.
- Suscripción de convenios de cooperación tecnológica con otros organismos que se encuentran empleando alguno de nuestros sistemas informáticos que componen la plataforma Alberdi, que se suman a los múltiples convenios suscriptos anteriormente, como los de las provincias de San Juan, Mendoza, Santa Fe, Salta, Santiago del Estero, en muchos de los cuales ya se usan productos informáticos tucumanos. En el 2024 se continuó con esta política y se concedieron licencias de uso gratuito del software SAE al Ministerio de Seguridad de la provincia de Tucumán, a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para ser empleado en su Tribunal de Faltas y a la Junta Electoral de la Provincia.
- Con el Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia, se para regularizar las certificaciones de actas que efectúan los Juzgados de Paz respecto de inscripciones realizadas en otra jurisdicción.
- Convenios celebrados para el fomento de relaciones de cooperación académica con diversas facultades provinciales e internacionales: con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán para la simulación pedagógica de audiencias en litigios civiles; con la Universidad Nacional del Litoral para acceder a los servicios académicos, científicos, tecnológicos y culturales; como así también con la Escuela Superior de estudios jurídicos de la Universidad de Bolonia (Italia) y con el Instituto para el Desarrollo Constitucional (IDEC).
- Convenio firmado con la Fundación Memoria del Holocausto a fin de cooperar, capacitar y difundir entre el público en general la memoria del Holocausto, en procura de educar y concientizar contra el racismo, la xenofobia y la discriminación dentro de un espíritu de rechazo a los discursos de odio.
- Convenio firmado con la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Catamarca de colaboración Interinstitucional en materia de Justicia de Paz. Ello debido al interés que replicar por parte de dicha provincia distintas herramientas de gestión que posibilitaron los avances de la Justicia de Paz tucumana en los últimos años.
Durante el año 2024 nos abrimos a la comunidad educativa de la provincia para que conozcan el Poder Judicial y nuestro nuevo paradigma de funcionamiento. En esa línea, propiciamos las visitas guiadas de escuelas secundarias y facultades de derecho a fin de tomar contacto con los Magistrados, funcionarios y empleados. Invitamos nuevamente a todas las instituciones educativas que quieran visitarnos este año para realizar esta experiencia de conocimiento de nuestro trabajo diario que conjuga la ciencia del derecho con un entorno innovador y digital de trabajo único en estas latitudes. Nuestras puertas están abiertas.
Para el presente año, está proyectado realizar la segunda edición del Premio “Juan Bautista Alberdi”, en honor del insigne jurista tucumano que tanta influencia tuvo en el diseño federal de nuestra República.
Se trata de un certamen que convoca a autores del Noroeste Argentino para presentar trabajos académicos inéditos, con el objetivo de generar un espacio de participación abierta y, al mismo tiempo, incentivar y reconocer la producción jurídica regional de autores que hayan nacido o residan en el NOA.
A lo largo de la presente he tratado de explicar brevemente, y a modo de referencia, algunos de los puntos más relevantes que hicieron al funcionamiento del poder judicial durante el último año como así también contarles sobre algunos objetivos propuestos para el presente, viéndome en la obligación de aclarar que de ninguna manera el trabajo se agota en lo aquí expuesto.
Al enumerar nuestras líneas de trabajo hice referencia a términos tales como planificación estratégica, gestión judicial, sistemas informáticos, estadísticas, certificaciones de calidad externas, sistematización y ordenamiento de trabajo, data center y varios vocablos más que aparentemente exceden lo jurisdiccional pero que hoy comienzan a estar naturalizados en nuestro ámbito, en un contexto de transversalidad en la función judicial. Todas ellas son herramientas de soporte que brindamos a nuestros magistrados y magistradas, para que puedan dedicar la mayor parte de su tiempo a su función jurisdiccional de decir y resolver derecho a través de sus sentencias.
Sin embargo, tenemos presente que esa función constitucional debe ser ejercida dentro un marco operativo que nos permita atender los requerimientos de la sociedad a la altura de los tiempos que vivimos.
Estoy convencido que todo lo que comuniqué en este acto tiene relevancia para la sociedad en términos concretos y útiles para su vida cotidiana.
Así, por ejemplo, cuando me referí al trabajo de todos los estamentos de este poder del estado, lo hice teniendo en cuenta que en razón de los temas complejos que muchas veces demandan una urgente atención nos lleva a que su tratamiento sea atendido las 24 horas los 365 días del año. Esto sucede fundamentalmente, durante los turnos o guardias de los Fueros Penal y de Familia o para los amparos en el resto de los fueros y para la oficina de violencia doméstica.
Cuando hice referencia a los avances en la Justicia de Paz Letrada, lo abordé desde la perspectiva de los ciudadanos del interior profundo de la provincia quienes por motivos de distancia física, económica o cultural no tenían la posibilidad de buscar la solución a sus problemas que generalmente le afectaban desde un plano de vulnerabilidad. Por eso al ver, a título de ejemplo, que vecinos de lugares tan distantes de los centros judiciales como 7 de Abril, Amaicha del Valle, Taco Ralo o El Sacrificio tuvieron acceso a obtener una medida de restricción de acercamiento en un contexto de violencia o a procurar alimentos provisorios, debo entender que se los ha tutelado y otorgado acceso efectivo a justicia dentro de un esquema de atención temprana. Los más de ellos, representan casos que antes directamente no se presentaban para su resolución.
Soy consciente que he realizado una rendición de cuentas basadas en datos y en resultados, por cuanto tenemos muy presente nuestro rol de servidores públicos, con la visión clara que detrás de cada expediente, no hay uno, sino varios ciudadanos, familias y entidades públicas y privadas atravesadas por un conflicto cuya solución requiere al poder judicial y que nosotros tenemos el deber de resolver en un plazo razonable a los fines de cumplir con nuestro rol institucional de soportes de la paz social.
Así es como cuando en materia civil hablé de OGAs me referí a una estructura de trabajo que ha cambiado positivamente de raíz la forma de administrar los procesos, valiendo como claro ejemplo el comparativo interanual de las sentencias definitivas dictadas durante los meses de Febrero de 2024 y Febrero de 2025 permitiendo que el número se incrementara de 3698 a 5148 o sea un 28 % más.
Así es como cuando en del fuero penal hice referencia que en Tucumán hoy contamos con un sistema de abordaje eficiente de la criminalidad, lo hice a partir de la realidad de poder afirmarle a la sociedad que cuando la ley es quebrantada, habrá una respuesta rápida y, en su caso, sancionada por el Poder Judicial en atención a los derechos de las víctimas y en procura de la consiguiente profilaxis criminal que dicha respuesta tiende a generar.
Un hito para destacar en este fuero lo constituye la consolidación de la ley de narcomenudeo, una problemática compleja de múltiples aristas. Por un lado, el abordaje más visible lo constituye la lucha contra la venta de estupefacientes, donde se lograron importantes avances al afectar sensiblemente la comercialización de estos a partir de las distintas medidas dispuestas por el estado en su conjunto.
El otro aspecto del narcomenudeo que no podemos soslayar, ni como Poder Judicial ni como parte de la sociedad, es el del flagelo de las adicciones. En efecto, como para contextualizar el tema y dimensionar su magnitud, en los últimos años se ha registrado un importante incremento de solicitudes de evaluaciones médicas en este Poder Judicial para internaciones involuntarias en materia de salud mental, generalmente por situaciones generadas o agravadas por el consumo problemático de drogas.
Así, a título de ejemplo, en el año 2024 se realizaron 987 evaluaciones de este tipo en el Centro Judicial Capital y del Este, doblando el número del año anterior, motivando la mayor parte de ellas internaciones a los fines de tratamiento y desintoxicación.
Esto nos compele a un involucramiento como sociedad que excede al ámbito estrictamente estatal y demanda la concientización de todos sobre la gravedad de la situación y la necesidad de hablar en los diferentes ámbitos sobre la droga, y en ese sentido es de reconocer la efectiva actuación de numerosas organizaciones de la sociedad civil abocadas a la temática, tales como iglesias de distintos credos, clubes y asociaciones civiles entre otros.
Dentro de este marco quiero destacar el trabajo sostenido durante el último año por la Federación de Asistencia para la Prevención y Recuperación de Adicciones (FAPRA), labor llevada a cabo por las organizaciones que la integran para la recuperación y rehabilitación de niños, jóvenes y adultos afectados por consumos problemáticos.
La convocatoria para la constitución de dicha organización se llevó a cabo por el Poder Ejecutivo Provincial, continuado hasta el presente con el apoyo y articulación de su funcionamiento bajo la órbita del Ministerio Publico Fiscal de la Provincia dentro del marco de sus políticas Reparatorias, brindando un constante respaldo a los proyectos que ejecutan las organizaciones que la integran. Esto constituye una clara muestra de lo positivo que resulta la integración de los distintos actores públicos y privados de la sociedad, para la atención de la problemática.
Sin lugar a duda, esta cuestión sensible merece acciones específicas y diferenciales: la temática de la violencia, el seguimiento y protección a las víctimas, y las internaciones en materia de adicciones y salud mental, son fenómenos de vital importancia que merecen profundizar su abordaje en el año en curso.
Para finalizar permítanme manifestarles que buscamos brindar a la ciudadanía un servicio de justicia moderno y eficiente, ser innovadores en nuestro trabajo, y manejarnos con un rigor profesional en nuestro rol de servidores públicos, teniendo siempre como objetivo final la Justicia como valor.
Estoy convencido de que contamos en este momento con una integración de magistrados, funcionarios y empleados que están transformando un Poder Judicial que ha dejado de dar excusas y ha comenzado a brindar respuestas a la ciudadanía.
De esta manera, damos inicio al Año Judicial
