“La suma de 700 pesos debe ser el valor del boleto de colectivo en el interior del país”, así lo sostuvo la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) mediante un comunicado que fue difundido en esta ciudad por las autoridades del sector.
Con la firma de Gerardo Ingaramo, presidente y Gustavo Larrea, secretario la entidad señaló que “los usuarios de Rosario, Tucumán, Santa Fe, Misiones, Formosa, Entre Ríos, Chaco, Bariloche, Jujuy, Santiago del Estero, San Nicolás, Bahía Blanca, Tierra del Fuego, entre otras provincias y localidades, ya han sufrido las consecuencias de la inacción de las autoridades nacionales, provinciales y municipales a pesar de la responsabilidad contractual y social que les cabe en materia de transporte público de pasajeros urbanos”.
Mas adelante precisan que “el estado de situación del sistema, que las autoridades de todo nivel conocen detalladamente, ya experimenta algunas de las perniciosas consecuencias que hemos advertido reiteradamente, y han perjudicado la vida diaria de millones de ciudadanos y, muy próximamente, afectando el trabajo de los miles de trabajadores empleados en la prestación de los servicios, y la desaparición del capital de las empresas prestadoras”.
También remarcan que “el Estado Nacional, los Gobiernos Provinciales y los Municipios son los titulares de los servicios y los garantes de su sustentabilidad, motivo por el cual no pueden eludir sus responsabilidades ante los usuarios, las prestadoras y los trabajadores, a pesar de lo cual persisten en una actitud que soslaya la realidad de los costos del sistema por ellos diseñado y configura una lamentable deserción estatal”.
Finalmente “FATAP expone a la discusión pública que los gobiernos y poderes concedentes deben establecer una tarifa base para los servicios de transporte de pasajeros urbanos por colectivos del interior del país de $ 700.00″.
Luego aclara que “en su defecto, FATAP ha recomendado a sus afiliadas no prestar servicios en la medida de aquella tarifa no sea analizada, reconocida y aprobada por las autoridades competentes para evitar que, mientras estas mantienen una actitud abúlica y prescindente, nuestro sector desaparezca definitivamente”.