El gobernador Osvaldo Jaldo resolvió este lunes la intervención de la ciudad de Juan Bautista Alberdi mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), tras conocerse un escándalo que vincularía a funcionarios del municipio con presuntos casos de narcotráfico. La decisión incluye la designación de Guillermo Norry como normalizador del municipio y la convocatoria a elecciones municipales para el próximo 26 de octubre.
El DNU se fundamenta en el artículo 139 de la Constitución de Tucumán, que faculta al Poder Ejecutivo a intervenir gobiernos municipales cuando se produce un grave desorden institucional. En este caso, el detonante fue la filtración de un audio en el que presuntamente estarían involucrados el ahora exintendente Luis Campos y un empresario local, dialogando sobre actividades ilícitas vinculadas a la comercialización de estupefacientes.
Durante el fin de semana, el gobernador Jaldo ya había adelantado su postura:
“No vamos a permitir que en Tucumán funcionarios ni políticos estén ligados con la droga. Van a ir presos y el que tenga responsabilidad institucional lo vamos a intervenir. No es merecedor de conducir una ciudad —en este caso es Alberdi, pero ni siquiera una comuna—. Como Gobierno vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, sostuvo el viernes pasado ante la prensa.
La intervención fue formalizada durante la madrugada del lunes, con el arribo a Alberdi de una comitiva encabezada por el ministro del Interior, Darío Monteros; el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el fiscal adjunto, Raúl Ferrazzano; el jefe de Policía, comisario Joaquín Girvau, y el flamante interventor Guillermo Norry.
La lectura del DNU estuvo a cargo del fiscal Ferrazzano y fue supervisada por la escribana Olga Inés Navarro, a cargo del Registro de Gobierno. En paralelo, efectivos de la Policía de Tucumán y Gendarmería Nacional allanaron los domicilios del exintendente Luis Campos, del exsecretario de Hacienda José Roldán, la sede de la Intendencia y el Concejo Deliberante.
En sus primeras declaraciones, el ministro Monteros explicó que:
“Se designó a un contador que tiene experiencia en la función pública, que pondrá en orden las finanzas, la gestión y los servicios en el municipio, garantizando a los empleados que seguirán en cada uno de sus lugares en función de las directivas que les dará el interventor”.
Guillermo Norry, quien se desempeñaba hasta hoy en el Instituto de Previsión Social de Tucumán (IPSST), es también dirigente sindical y cuenta con experiencia en la gestión pública, habiendo sido funcionario de la Municipalidad de Banda del Río Salí.
En su primer acto administrativo, Norry dejó sin efecto el organigrama del Ejecutivo municipal, medida que anticipa una reestructuración profunda para restablecer la legalidad institucional en Alberdi. Según lo estipulado en el DNU, la intervención podrá extenderse hasta 180 días, plazo dentro del cual deberán realizarse las elecciones para cubrir los cargos vacantes.