Este miércoles, se llevó adelante una nueva audiencia en el Poder Judicial de monteros, en la que desde el Ministerio Público Fiscal se solicitó la prórroga de la prisión preventiva que viene cumpliendo “Catucho” Cruz, quien es el único acusado del crimen de Silvio Cabrera, el remisero de la ciudad de Lules que el pasado 13 de febrero había salido para realizar un viaje hacia Tafí del Valle, pero horas más tarde fue encontrado en la localidad de El Mollar, dentro de su auto y con cuatro disparos en la cabeza.
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Desde la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Integridad Física de Monteros, a cargo de Mónica García de Targa, se convocó a una audiencia a los fines de solicitar la prórroga de la prisión preventiva. Cruz se encuentra imputado como presunto autor del delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por el uso de arma de fuego, en concurso real con el delito de hurto agravado, ya que en procura de su huida había robado una motocicleta a un lugareño.
El auxiliar de fiscal, Bernardo Sassi, requirió que la medida privativa de la libertad que pesa sobre el acusado desde el inicio de la causa se extienda por cuatro meses más. Asimismo, pidió la prórroga de la Investigación Penal Preparatoria, cuyo plazo se vence la semana próxima. En ese sentido, fundamentó la necesidad extender los plazos procesales en virtud de que falta el procesamiento de una prueba de ADN que está a cargo del laboratorio de química legal del ECIF. “Aguardamos una comparativa de una prenda de vestir que tenía Cruz al momento de su detención, una remera que tenía mancha de sangre que ya sabemos que es sangre humana. La misma debe cotejarse con muestras tomadas de la víctima Cabrera y el resultado va a demorar aproximadamente 40 días”, sostuvo el representante del MPF. Asimismo, informó que días atrás se realizó un allanamiento en el lugar de detención del imputado, donde se secuestró un teléfono celular.
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“Se mantienen los riesgos procesales de fuga y, sobre todo, del entorpecimiento de la investigación, ya que podría amedrentar a testigos”, añadió el investigador entre sus argumentos. Además, señalaron que una vez que esté el resultado del ADN, se formulará el requerimiento de elevación a juicio cuya pretensión punitiva será la prisión perpetua.
En su resolución, el juez interviniente hizo lugar al requerimiento fiscal en su totalidad.
