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| lunes, 01 de junio de 2026
La situación del transporte público en San Miguel de Tucumán volvió a quedar bajo análisis por la posible actualización del boleto y por la falta de definiciones sobre el futuro esquema del servicio. En diálogo con el periodista Germán Valdez, el vicepresidente de AETAT, Jorge Berreta, afirmó que las empresas atraviesan una situación crítica, reclamó una respuesta del poder concedente y cuestionó los embargos impulsados desde la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
Berreta respondió que el sector no tiene información fehaciente sobre una posible demora, pero recordó que las empresas mantuvieron numerosas reuniones con el Ejecutivo Municipal, compararon estudios técnicos de costos y solicitaron compensaciones tarifarias para cubrir la diferencia que no podía pagar el usuario. Según explicó, ante las respuestas negativas, se acordó pedir una actualización del boleto, algo que, dicho por el empresario, “Hoy por hoy es indispensable” para que siga funcionando el transporte en el ejido municipal.
El vicepresidente de AETAT sostuvo que la actualización tarifaria no resolvería por completo la crisis, aunque sí permitiría sostener la prestación del servicio. Aseguró que el transporte trabaja a pérdida y comparó el escenario local con otras ciudades: mencionó que en Rosario el boleto se encamina a superar los 2.000 pesos, mientras que en Córdoba se ubica en 1.720 pesos y ya existe un pedido de aumento.
También destacó que en otras jurisdicciones hubo o hay medidas de fuerza, mientras que en Tucumán el sector decidió continuar prestando servicio para no perjudicar a los usuarios: “El sector apostó a seguir prestando el servicio y no perjudicar a los usuarios”, indicó Berreta, al plantear que tanto el Concejo Deliberante como el Ejecutivo Municipal deben asumir la discusión tarifaria como una realidad económica y no como un costo político.
-No sé si el Departamento Ejecutivo, no sé si los concejales, esperaban que llegara el Mundial para no tener costos políticos para el aumento del boleto.
Frente a esa posibilidad, Berreta fue tajante y sostuvo que dilatar la resolución sería irresponsable: “Va a ser tarde. No creo que sea responsable dilatar esta resolución que, si bien es dura, es necesaria, indispensable”, expresó, y vinculó el debate por la tarifa con la discusión sobre una posible reforma del sistema y una licitación total de las líneas urbanas. Dijo que las prestatarias necesitan saber si serán tenidas en cuenta en el nuevo esquema o si el municipio no piensa contar con ellas.
Según remarcó, las empresas no pueden seguir prestando servicio a pérdida si no existe un plan en el que puedan participar o, al menos, tener la posibilidad de ser parte.
Otro tramo de la entrevista estuvo centrado en los embargos recibidos por empresas del sector. Berreta explicó que no se trata de multas por infracciones cometidas por colectivos, sino de deudas vinculadas con tasas municipales, como el uso de la vía pública y la tasa de emergencia municipal: “Estamos recibiendo embargos por la imposibilidad de pagar uso de la vía pública”, afirmó, y sostuvo que esos procesos incluyen intereses elevados, costos de abogados y estudios externos.
-“Aclaremos bien esto, ¿usted me está diciendo que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán les ordenan multa y le traban embargo y pagan honorarios, pero con abogados externos?”.
Berreta recalcó que los embargos recibidos por empresas metropolitanas, es decir provinciales, no fueron por multas de tránsito, sino por la imposibilidad de pagar durante la pandemia, por la falta de acuerdo en algunos valores o por deudas actuales vinculadas al uso de la vía pública y la tasa de emergencia municipal. Precisó que cinco empresas fueron embargadas por juicios llevados adelante por abogados externos al municipio, y agregó que, si bien se respeta a ese estudio jurídico, los costos se incrementan por honorarios, multas e intereses: “Esto es contraproducente en esta situación crítica”, señaló.
El periodista también consultó: “¿Ustedes hicieron algún planteo a la doctora Rossana Chahla?”.
Berreta respondió que “No tuvimos la posibilidad de hablar con la doctora Chahla” indicó, y remarcó que los honorarios, las multas municipales y los intereses resultaron muy onerosos para las empresas. En esta línea, sostuvo que, a su entender, la solución debía ser una mesa de diálogo, pero que las empresas embargadas terminaron resolviendo la situación con mayores costos y en un máximo de seis cuotas, al tratarse de expedientes judicializados.
En ese contexto, afirmó que el sector permanece en estado de alerta porque, según dijo, después de muchas conversaciones, “lo convenido no se hace”. Explicó que se reconoció el déficit operativo mensual de las empresas, sin contar deudas históricas, y que ante la imposibilidad presupuestaria del municipio de inyectar compensaciones tarifarias, se acordó pedir una actualización del boleto.
“Nadie quiere ponerle el collar al perro”, resumió Berreta, al señalar que nadie quiere asumir la responsabilidad política de definir si aumenta o no el boleto.
Valdez repreguntó entonces si nadie quería hacerse cargo de la decisión. Berreta respondió que, en una actividad esencial que trabaja a pérdida, es más fácil que el pedido recaiga sobre los empresarios antes que sobre los poderes concedentes.
“Es más fácil que nos golpeen a nosotros, al sector empresario que está haciendo el esfuerzo, que a los poderes concedentes”, sostuvo.
Sobre posibles reuniones con el municipio, Berreta aclaró que las conversaciones no fueron directamente con la intendenta, sino con la secretaria de Gobierno y con el secretario de Movilidad Urbana. Dijo que existe coincidencia en el diagnóstico y que los estudios técnicos de costos son similares, pero sostuvo que las soluciones no llegan.
Finalmente, el vicepresidente de AETAT remarcó que las consecuencias de la falta de definiciones recaen sobre el poder concedente, que es quien regula la actividad. También reclamó controles sobre las aplicaciones de transporte que, según señaló, circulan sin cumplir la reglamentación: “Nosotros somos, y así corresponde, controlados constantemente porque somos regulados”, cerró Berreta, al pedir que también se fiscalice a las empresas que operan mediante aplicaciones.
Sol Alvarez Natale