El Estado debe garantizar acceso a la educación sexual integral e implementar protocolos nacionales para prevenir el embarazo forzoso en todo el país.


“El Estado debe garantizar acceso a la educación sexual integral e implementar protocolos nacionales para prevenir el embarazo forzoso en todo el país, conforme la legislación y decisiones de la Corte Suprema”, señaló Esmeralda Arosemena, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al analizarse el “caso Lucia”, niña de 11 años de Tucumán, que tuvo un embarazo producto de una violación.

“El caso Lucia como testigo” fue expuesto en el salón “Padhila Vidal”, de la Organización de Estados Americanos, en Washington, en el capitulo referido a la “ Violencia sexual contra niñas y los obstáculos para acceder a las interrupciones legales del embarazo”. Estos planteos se hicieron en el marco del 173° Período Ordinario de Sesiones de la CIDH, con exposiciones de 15 minutos y se respondió a los planteos del Estado argentino.

Las exposiciones estuvieron a cargo de las doctoras Fernanda Marchese, directora ejecutiva de Andhes, (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales); Celia Debono, coordinadora de Cladem Argentina, ( Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres); Nora Pulido, referente del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia de Argentina y Bárbara Jiménez de Equality Now.

El relato La doctora Debono recordó que “Lucia, tiene 11 años y vivía en un zona rural muy pobre de la provincia de Tucumán; quedó embarazada producto de reiteradas violaciones sexuales por la pareja de su abuela de 65 años”.

La doctora Marchese, señaló que “en ese entramado se inscriben obstáculos violatorios de Derechos Humanos, que enfrentan las niñas para acceder a las ILE (Interrupción Legal del Embarazo). El caso Lucía, no es un caso aislado. sino que constituye un “CASO TESTIGO”, para entender lo que le sucede a las niñas argentinas víctimas de violencia sexual”. Prosiguió diciendo que “las niñas en Argentina no cuentan con una educación de calidad, respetuosa de sus derechos y con perspectiva de género” y “no todas las provincias adhieren al protocolo nacional”. “Los protocolos locales que ordenan la intervención frente a casos de Abuso Sexual Infantil omiten indicar que la es un derecho”, destacó.




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