La fiscalía sostiene la existencia de peligros procesales tanto de entorpecimiento como de fuga.


La fiscal Cecilia Larred y Erika Leguizamón coordinadora de la Unidad de abuso sexual y Violencia Institucional, presentó un recurso de apelación ante la resolución dictada por la jueza Sara Harón el pasado 10 de junio en la cual le concedió la libertad a un joven de 17 años acusado de abuso en perjuicio de un menor de edad.

La investigación se inició el pasado 1 de marzo, cuando la progenitora de la víctima realizó la denuncia, luego de que descubriera signos de abuso en su hijo menor de edad, quien le contó que fue abusado por el hermano mayor de su amigo, de 12 años de edad, cuando se encontraba jugando en su casa, ubicada a pocos metros de la vivienda de la víctima.

Al tomar conocimiento del hecho, la fiscalía ordenó las actuaciones de rigor del caso tales como revisión del menor por el cuerpo Médico Forense, en donde se constataron las lesiones compatibles con abuso y la realización de la cámara gesell a la víctima.

El acusado fue detenido el 8 de Marzo del corriente por resolución dictada por Dra Sara Haron, Juez de Control y Garantías. Por su parte la defensa solicitó el 30 de Marzo del corriente año, la externación del acusado, fundamentando por el riesgo que corria por el covid-19.

Ante lo cual se corrió vista a la fiscalia por lo que se solicitó la ampliación del regimen penal de la minoridad y asimismo disponga un tratamiento tutelar al acusado teniendo en cuenta la gravedad del delito que se investiga, y la existencia de peligros procesales tanto de entorpecimiento como de fuga.

En fecha 31 de Marzo de 2020 el juez Rodolfo Amestegui resolvió el cumplimiento de la detención en el Centro de Guarda de Menores al joven de 17 años de edad, en donde se daría cumplimiento al tratamiento tutelar.

Luego, en fecha 1 de Junio se realizó audiencia de externación, cuya resolución fue diferida para el dia 10 de Junio del Corriente ordenando la Dra Sara Haron la libertad del Menor con medidas restrictivas de prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto con la víctima.

En el texto de apelación presentado se expresa “El Ministerio Publico Fiscal, se agravia de la resolución devenida en crisis, en función a que, en primer lugar dicha audiencia no debió realizarse en virtud de que dos meses antes – el 31 de Marzo de 2020- el Dr. Rodolfo Amestegui a pedido de la defensa y luego de corrida vista de la fiscalía, ordenó el Tratamiento Tutelar Intramuros del Imputado en autos, y en fecha 1 de Junio la Dra Harón intervino como organo revisor de su propio colega, ya que sin que se haya modificado la plataforma faáctica ni se hayan incorporado nuevas evidencias a la causa, la misma volvió a tratar la cuestión de fondo, resolviendo la externación del Menor cuando en todo caso el Defensor tendria que haber apelado la resolución de fecha 31 de marzo en lugar de solicitar una nueva audiencia para volver a plantear la situacion de su defendido”.

Finalmente, en el escrito la fiscalía expresa “es menester resaltar el informe socio ambiental realizado en nuevo domicilio denunciado como residencia del menor a partir de la externacion, en el cual quedó corroborado que viven otros menores que se encontrarian en posible riesgo”




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