Ante el llamado a licitación para culminar la obra, el Gobierno presentó una demanda contra San Juan y el Ejecutivo Nacional.


Luego de agotar todas las instancias de negociación administrativas y políticas para conformar un comité de cuenca que fije un caudal hídrico apto para sostener el ecosistema, el Gobierno de La Pampa presentó una Demanda de Amparo Ambiental con medida cautelar, solicitando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se paralice la obra.

El procurador General de Rentas, Hernán Pérez Araujo, expresó que “de realizarse El Tambolar, sería muy complicado para el destino del río Salado; entonces estamos pidiendo que se fije un caudal ambiental”.

Se exige que se cumpla con la Ley General de Ambiente, la Ley de Gestión Ambiental de Aguas y la Ley de Obras Hidráulicas, todas leyes nacionales que no han sido aplicadas por Nación y que son exigidas por los estudios ambientales, como también para las audiencias públicas a realizarse en el Congreso de la Nación.

Hernán Pérez Araujo, procurador General de Rentas (Web)

En una reunión mantenida en la Comisión del Desaguadero el 23 de agosto, se nos manifestó que la obra era provincial, de San Juan, y que el estudio de impacto ambiental había sido determinado por la Ley de San Juan dentro de territorio de dicha provincia”, dijo Pérez Araujo.

El dique “El Tambolar”, represa multipropósito pero con el fin de generación hidroeléctrica, se construye sobre el río San Juan que integra la cuenca del Desaguadero Salado Chadileuvú Curacó, de la que La Pampa forma parte.

El objetivo de la demanda es solicitar a la Corte que se realicen los estudios de impacto ambiental regional de toda la cuenca con las respectivas audiencias públicas interprovinciales y que los resultados se sometan a consideración vinculante del resto de las provincias de la cuenca”, concluyó el procurador.




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