El bloqueo de caminos alternativos en accesos a municipios pampeanos es inconstitucional, dijo el el presidente del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, José Sappa, y pidió a los fiscales que investiguen a los intendentes que lo llevan a cabo.
La máxima autoridad judicial de la provincia remarcó que las regulaciones establecidas por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020, del Poder Ejecutivo Nacional, se refieren, en razón de la emergencia sanitaria declarada, a diversas restricciones temporarias a la libertad de circulación con el fin de asegurar el aislamiento social preventivo y obligatorio.
Pero aclaró que "si bien la garantía de cumplimiento de dichas regulaciones compete a todos los niveles gubernamentales, en relación a las particularidades del control comunal es preciso acotar que los municipios deben ejercerla de conformidad a las prescripciones de la Constitución de la Provincia de La Pampa y de la Ley Orgánica de Municipalidades (N° 1597 y sus modificatorias), y bajo el marco de supremacía de la Constitución Nacional (artículo 31)", manifestó.
"Esto implica que los municipios no pueden establecer restricciones adicionales o no contempladas en la normativa nacional o provincial, ni establecer excepciones no previstas o aplicar restricciones de ingreso o egreso a su ejido, suscitando con ello un conflicto de poderes. Todo ello sin perjuicio de su potestad y deber de cooperar en el control de las prohibiciones y habilitaciones de la normativa que ejercen las autoridades federales y provinciales en forma concurrente, y sin interferir en el cumplimiento de sus fines", dijo Sappa.
"Aquellos funcionarios públicos que dicten órdenes contrarias a la Constitución, o a leyes nacionales o provinciales, estarían incursos en los delitos previstos en los artículos 248 y 194 del Código Penal", puntualizó, por lo que encomendó a los fiscales a "extremar las medidas necesarias para hacer cumplir la normativa constitucional y legal vigente en este estado de emergencia sanitaria".
Actualmente, hay unos diez bloqueos de accesos a localidades, como es el caso de Victorica, Macachín, Lonquimay, Luan Toro, Chacharramendi y Rancul, y también en Dolores, Olavarría, Necochea y Villa Gesell, en la provincia de Buenos Aires. Pero además, el Gobierno pampeano tomó la decisión de impedir, con un decreto, el paso a La Pampa de todas las personas que no tienen domicilio en la provincia para evitar la propagación del coronavirus Covid-19, medida cuestionada por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
Gil Domínguez, doctor en Derecho y Profesor Titular Regular de la materia Derecho Constitucional de la Carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, entre otros cargos, dijo que "los gobernadores y mucho menos los intendentes no pueden establecer fronteras, aduanas, cerrar el territorio o cualquier cosa que se le parezca por cuanto violan la Constitución argentina (arts. 5, 8, 9, 122 y 128) y lo dispuesto por el DNU 297/2020".
"Los gobernadores, como agentes naturales del Gobierno Federal, pueden adoptar las medidas pertinentes para hacer cumplir el DNU en sus prohibiciones y excepciones, pero no pueden impedir que las personas habilitadas transiten de una provincia a otra o de un municipio a otro", aclaró.
"Las autoridades locales que violen los mandatos constitucionales y las obligaciones legales emergentes del DNU deberán enfrentar las correspondientes responsabilidades penales", concluyó el constitucionalista.
