La Cámara de Diputados de Santa Fe convirtió en ley el proyecto que autoriza al Gobierno provincial a comprar vacunas contra el coronavirus, lo que servirá para que la provincia ya no tenga que depender de Nación para la provisión de dosis.
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La norma, que ya contaba con el aval del Senado, autoriza al Ejecutivo a incluir en los contratos cláusulas o acuerdos de confidencialidad y prescripciones que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas, salvo de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos.
“Facúltase al Poder Ejecutivo a iniciar negociaciones y celebrar los contratos -incluso en moneda extranjera-, previo informe fundado de la autoridad sanitaria provincial, necesarios para la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19, en los términos y condiciones previstas en la ley nacional Nº 27.573, pudiéndose omitir la exigencia de garantías, fianzas y/o cauciones, mediante un procedimiento exceptuado de lo establecido en el Título III, Capítulo I de la ley provincial Nº 12.510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado”, dice el primer artículo.
“Con esta Ley facultamos al Gobierno de la Provincia a suscribir los contratos y realizar todos los actos administrativos previos y posteriores para adquirir las vacunas. Se ha cumplido más de un año desde la detección del primer caso de infección por COVID-19 en nuestro país. La provincia de Santa Fe obviamente no quedó exenta de este contexto de pandemia y también ha sufrido los embates durante este tiempo y ha podido constatar los terribles efectos que sigue produciendo esta situación hoy, en el marco de la segunda”, dijo Gabriel Real, diputado del Partido Demócrata Progresista (PDP) y uno de los que impulsó la ley.
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“Inclusive, en el expediente en particular que contempla el proyecto de mi autoría, ampliábamos esa posibilidad a poder suscribir convenios interjurisdiccionales con otras administraciones provinciales para el cumplimiento del objeto con la finalidad de optimizar recursos en la logística y costos del proceso”, agregó el legislador.
Hace poco más de un mes, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de Comunicación, donde ya se planteaba esta posibilidad. “En ese entonces argumentamos que se debía actuar con previsibilidad sobre una situación que hoy nos encuentra inmersos en la situación de un confinamiento estricto. Esto se podrá revertir en un escenario donde la mayoría de la población se encuentre vacunada, se bajen los niveles de contagio a partir de ese contexto y así lograr que la sociedad pueda interactuar en el marco de una normalidad lo más parecida al contexto previo a la pandemia. En definitiva, con esta Ley le damos un marco institucional al Gobierno Provincial para que comience a trabajar en ese sentido”, finalizó.
