La investigación sobre presunto espionaje ilegal en Santa Fe derivó este lunes en otro procedimiento en el Ministerio de Seguridad. Allí la Justicia provincial solicitó una nueva requisa como parte de nuevas medidas para el esclarecimiento de las denuncias contra el equipo que hasta marzo encabezó Marcelo Sain, actual asesor de la cartera nacional.
El pedido de los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez trascendió pasado el mediodía, cuando recibieron aviso de la presencia de un exfuncionario que renunció la semana anterior. Tal como ocurrió el último viernes, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) pidió acceso a las oficinas públicas de la ciudad capital en busca de material de interés para dos causas diferentes.
En esta oportunidad, la acción judicial se centró en la Secretaría de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. Allí le secuestraron el celular al contador Maximiliano Novas, uno de los profesionales que dejó su cargo junto a buena parte de las autoridades que estaban vinculadas a Sain.
El exfuncionario fue a la sede de la cartera provincial este lunes, aunque no trascendió el motivo de la visita. Por lo pronto, su presencia derivó en un nuevo procedimiento solicitado por el MPA en busca de profundizar las investigaciones.
La pesquisa en la ciudad de Santa Fe no sólo se refiere a espionaje ilegal. También analiza la posible comisión de delitos vinculados a la licitación para la compra de armas y equipamiento policial. En este caso, la causa se abrió por la denuncia de legisladores opositores a partir de la medida cautelar que solicitó la empresa Bersa S. A. ante la sospecha de que el pliego favorecía a otra firma israelí.
