La orden de levantar el secreto en torno a la investigación sobre espionaje ilegal en Santa Fe fue cuestionada por los fiscales a cargo de la pesquisa. Frente a esta situación y otros reclamos formales de la defensa de los imputados, la Justicia provincial dispuso que se unifiquen las apelaciones para dictar una sola resolución al respecto.
La denuncia sobre “acumulación ilegal de información” en el Ministerio de Seguridad dio lugar a tres recursos diferentes que debe responder un tribunal de alzada. Dos de ellos corresponden a las defensas del extitular de la cartera, Marcelo Sain, y otras personas que ocuparon cargos allí hasta noviembre.
La tercera apelación es la última que ingresó a partir de la resolución del juez Jorge Patrizi, que dispuso habilitar el acceso al material recabado por los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez. En este caso, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) insiste en que la información se mantenga en secreto.
El juez de segunda instancia Sebastián Creus observó que todos los recursos en trámite tienen una “pretensión común”. Al mismo tiempo, advirtió sobre “contradicciones que resultan incoherentes con el debido proceso”. En este sentido, explicó que algunas personas bajo sospecha pudieron acceder al cese de la reserva de la investigación y otras no.
De esta forma, la Cámara de Apelaciones de Santa Fe determinó que tanto la cuestión del secreto de la causa como la extensión de los plazos procesales debe dirimirse en una misma instancia. Dada la “trascendencia pública e institucional de los hechos” el magistrado apuntó que el trámite “reclama rapidez”.
