Dos semanas después de las graves agresiones durante un pañuelazo a favor de la legalización del aborto, el Gobierno provincial le rescindió el contrato a una empleada del Ministerio de Seguridad acusada de participar en la golpiza que sufrieron menores de edad frente a la Catedral.
La resolución se tomó a través del decreto 2247 que lleva la firma de Miguel Lifschitz y prescinde de los servicios de la mujer a quien inicialmente identificaron como militante del partido neonazi Bandera Vecinal entre quienes atacaron a las jóvenes.
La medida fue confirmada a Rosario/12 por el subsecretario de Derechos Humanos de Santa Fe, Publio Molinas, quien aseguró que la Casa Gris está decidida a "investigar a fondo" el incidente. "Creemos que hubo una omisión del rol de funcionario que debe tener la policía", agregó el representante del Ejecutivo sobre el operativo que concluyó sin detenidos en el lugar.
El mes pasado, Silvia Marcela Quiñónez había renovado su contrato por un año como parte del equipo de la Dirección Provincial de Atención a Víctimas, pero la violenta irrupción en el pañuelazo del 7 de agosto la dejó expuesta al igual que a una maestra que también fue identificada.
En el caso de Isabel Ormaechea, quien trabaja en la Escuela San Francisco, Molinas también pidió que el Ministerio de Educación aplique sanciones disciplinarias luego de la denuncia penal en su contra por atacar por la espalda y arrastrar del pelo a una joven. Por el momento, la cartera decidió separar a la docente hasta que se avance con el sumario de rigor.
