Oscar Zarza participaba de las actividades sindicales en la planta de Avellaneda y prestó declaración este jueves.


La Justicia Federal de Reconquista investiga si en Vicentin hubo complicidad con el terrorismo de Estado durante la última dictadura. La causa se abrió a partir de la declaración de Oscar Zarza, un ex trabajador de la cerealera que contó que en 1976 fue secuestrado en dos oportunidades por su actividad gremial.

El fiscal Roberto Salum escuchó este jueves el testimonio sobre un episodio en enero de 1976, poco antes del inicio de la dictadura y otro similar en noviembre de ese año, según informaron fuentes del Ministerio Púlico.

“Me detuvieron en la fábrica, a poco de entrar a trabajar, y me hicieron un acta con una máquina de escribir que les dio personal de la empresa. Me llevaron a una sala y el que facilitó todo era un capataz que le decíamos “El Sapo” Vicentin, pero no era parte de la familia que era dueña de la firma”, señaló Zarza en declaraciones a Télam.

El trabajador actualmente tiene más de 70 años y vive en Avellaneda. “Cacho”, como lo conocen en el norte provincial, relató que lo liberaron en febrero de 1976 y que se reintegró a la empresa.

El 2 de noviembre siguiente volvió a ser secuestrado en horas de la tarde, cuando retornaba de su trabajo en Vicentin a su casa. Según el testimonio que brindó ante la Fiscalía, ese día las fuerzas de seguridad secuestraron a 14 trabajadores que tenían actividad como delegados sindicales en la planta.

En su declaración aseguró haber visto a efectivos del II Cuerpo de Ejército, pertenecientes al batallón 621, quienes llegaron desde Rosario para llevar a cabo este operativo.

Zarza también tenía actividad sindical en la firma y dijo que tras su secuestro fue trasladado a la III Brigada Aérea, donde recibió “golpes y patadas” por parte de sus captores.

Luego fue lo llevaron a la Guardia de Infantería Reforzada de la ciudad de Santa Fe, una dependencia policial donde funcionó un centro clandestino de detención. “Cacho” terminó “legalizado” en la cárcel de Coronda, a disposición del Poder Ejecutivo, y allí recuperó su libertad en la Navidad de 1978.

Estos hechos le permitirán a la Fiscalía iniciar un segundo tramo de la causa 050, en la cual se investigaron delitos de lesa humanidad en la zona Reconquista durante la última dictadura militar.

Ese expediente fue instruido por Salum y terminó con un juicio en el que resultaron sentenciados en 2013 el comodoro Danilo Sambuelli y el mayor Jorge Alberto Benítez, ambos de la Fuerza Aérea. También declararon culpables a los policías Carlos Nickisch, Horacio Machuca, Rubén Molina, Arnaldo Neumann y Eduardo Luque.

La compañía tiene uno de sus principales puntos de operación en San Lorenzo, sobre la costa sur santafesina del río Paraná. (AFP)

En ese proceso oral y público se comprobó la existencia de un circuito represivo que comenzaba en la III Brigada de Reconquista, seguía en los centros clandestinos de detención ilegales cercanos a la capital santafesina y si los detenidos eran “blanqueados” concluía en las cárceles de Coronda, Devoto o algún penal del sur argentino.

Ahora, la Fiscalía aguarda que la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe le aporte información y datos para avanzar en la investigación.

La Federación Aceitera, enteidad que representa a los trabajadores del sector, adelantó su intención de revisar sus archivos para brindar datos que permitan avanzar con la investigación.

“Creemos que como gremio debemos asistir a nuestros afiliados ante la Justicia y vamos a revisar nuestros archivos para analizar actas de asambleas y ver si podemos aportar información para la causa en relación a si se llevaron delegados que hablaron en las asambleas”, señaló a el abogado Juan Combi, representante legal de Aceiteros.

El sindicato pretende presentarse en esta causa como querellante, algo que hizo en 2014 en la investigación sobre los delitos de lesa humanidad que se cometieron en la planta de Avellaneda (Buenos Aires) de la empresa Molinos.

“La actual intervención de Vicentin por parte del Estado nos genera alguna expectativa en relación a la información que podamos encontrar en los registros de la empresa“, indicó Combi. Además del gremio, también se presentará como querellante la Liga por los Derechos del Hombre para impulsar esta investigación.




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