El ex titular del Servicio Penitenciario de Santa Fe, Pablo Cococcioni, tildó a su sustituto – Héctor Acuña- de "ignorante" y "caradura", por las duras declaraciones que el funcionario perottista había realizado en torno al hallazgo de celulares en las cárceles santafesinas.
Acuña se había despachado contra el socialismo al que acusó de "no tener voluntad política" para eliminar los teléfonos de los pabellones. En cambio se jactó de haber logrado el secuestro de 500 aparatos desde que él está en funciones.
Cococcioni le respondió diciendo que esa cantidad es "muy inferior" a la secuestrada durante la gestión anterior. "En promedio incautamos durante el 2019 unos 6000 celulares que pusimos a disposición de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y derechos patrimoniales (APRAD) para su subasta", manifestó.
Además resaltó que Santa Fe fue una de las primeras provincias en avanzar con inhibidores de señal en las cárceles, cuando todavía existía una legislación nacional al respecto que recién apareció a mediados de 2017. "Sin una norma expresa, compramos inhibidores, lo que nos valió un serio conflicto con la autoridad nacional de aplicación (Enacom), que llegó a ordenar el apagado de los mismos", recordó.
Explicó que en paralelo se reformuló el diseño de los antiguos grupos de requisa, que pasaron a formar una unidad centralizada bajo la dependencia del director general, y ya no del penal. "Tanto los protocolos de requisa y los mandos superiores penitenciarios siguen siendo los mismos de la gestión anterior. También los requisadores lo son. Es decir que, con algunas variaciones menores, el Dr. Acuña mantuvo la estructura heredada", argumentó Cococcioni.
Por otro lado, destacó que pese a trabajar con casi 7 mil reclusos, la gestión anterior pudo superar definitivamente un grave problema histórico como era la tenencia de presos en comisarías. "Actualmente más del 97% se encuentra dentro de las Unidades Penitenciarias creadas para ese fin", dijo.
"Acusar a la anterior gestión de no tener voluntad política para instalar inhibidores de señal es cosa de ignorante, y hablar de la supuesta decisión política de la gestión actual es una caradurez. Por supuesto, existen falencias y cuestiones pendientes, de las que deben ocuparse ahora para continuar mejorando. Cuentan para ello con recursos materiales y humanos, que desearíamos haber heredado nosotros en el 2007 cuando los presos se amontonaban uno encima de otro en comisarías atestadas, con policías ocupados en cuidar detenidos en vez de estar patrullando las calles", cerró.