Familiares de Noemí Gorosito, una mujer que murió tras ser atropellada por un motociclista, denunciaron que el responsable aún no puede ser hallado porque la Justicia no tiene dinero para mejorar las imágenes de las cámaras de seguridad que captaron el hecho.
La mujer fue atropellada el 13 de febrero cuando se dirigía hasta el Hospital Iturraspe. Cruzó la esquina de Avenida Perón y Bulevar Pellegrini, en sentido este. Inesperadamente, un motociclista embistió a la mujer de 61 años y se dio a la fuga en el marco de un operativo de tránsito. Gorosito debió ser inmediatamente trasladada al hospital José María Cullen.
En el nosocomio los médicos le detectaron que tenía muerte cerebral como consecuencia de haber golpeado su cabeza contra el pavimento. Un día después, el cuerpo no soportó más y se produjo su fallecimiento.
Con el paso de los días la investigación se centró en las cámaras de seguridad de la zona, que registraron cuando el acusado atropelló a la mujer y se dio a la fuga hacia el norte en una motocicleta tipo enduro color blanca.
El inconveniente reside en que las imágenes se ven pixeladas y no hay suficiente calidad para determinar la patente de la moto y la cara del conductor del vehículo. Para que las filmaciones sean válidas, es necesario utilizar un programa especial para reconstruir las tomas. El proceso tiene un valor de 500 mil pesos.
Desde el Ministerio Público de la Acusación destacaron que no hay fondos suficientes para mejorarlas y que las mismas se conviertan en una prueba fehaciente para esclarecer el asesinato.
A seis meses del accidente, la familia sigue reclamando en la Fiscalía y se convocaron en el ingreso del lugar para exigir que se avance en la causa.
En diálogo con LT10, Leonel Carrasco, abogado de la familia explicó que "el pedido es a la fiscalía y al poder ejecutivo de la provincia y es que se libere una partida presupuestaria para poder realizar el estudio específico para poder procesar las imágenes y tratar de dar con el asesino".
"Es imposible que mis clientes paguen este monto y, por otro lado, es responsabilidad de la Justicia que este caso se resuelva", precisó. Y siguió: "Son 500 mil que deben garantizar la Fiscalía y el poder ejecutivo".