Tres médicos sanrafelinos fueron imputados por la muerte de Jennifer Fernández que tenía apenas 14 meses. El hecho ocurrió en mayo de 2019. El 14 de ese mes los padres de Jennifer comenzaron una odisea por los centros de salud hasta terminar en el hospital Schestakow por un cuadro de vómitos, diarrea y fiebre.
La atención fue tan mala como deficiente que terminó con la muerte de la pequeña.
Hay dos pediatras del hospital Schestakow que serán acusados por homicidio culposo (con uno a 5 años de pena) por no ordenar oportunamente realizar una radiografía de tórax y por no internar a la víctima, mientras que al doctor de Atuel Norte le endilgarán incumplimiento de los deberes de funcionario público (ya que ese día sólo trabajó media hora cuando su jornada era de cuatro horas) en concurso real con abandono de persona (2 a 8 años de prisión). El fiscal Javier Giaroli investiga el caso.
Además del expediente central, la fiscalía sacó compulsa por presuntas irregularidades y encubrimientos en los sumarios internos de los nosocomios involucrados, como así también pidió la intervención del Inadi porque los padres de la criatura habrían sido discriminados en el hospital por ser bolivianos.
Odisea
La familia de Jennifer, oriunda de Bolivia, trabaja en hornos de ladrillo y vive en el distrito de Cañada Seca. Al primer lugar al que acudieron fue al centro de salud de Salto de las Rosas, cercano a su domicilio. Allí la niña fue atendida, le colocaron una inyección y la derivaron al Schestakow.
En esta segunda instancia la recibió el pediatra Martín Leroy -uno de los acusados-, quien ordenó realizarle análisis de sangre y de orina.
Este último estudio podía demorar varias horas, por lo que le pidieron a la familia volver a su casa y regresar con la muestra al otro día, a pesar de que hay una distancia importante entre su hogar y el hospital.
Efectivamente, el examen trajo complicaciones y la orina obtenida no pudo ser analizada, aunque intervino otra pediatra -María Estefanía Puri- y le dijo a la madre de la menor que los chequeos de sangre habían salido bien y que podían irse tranquilos. La madre insistió porque su hija seguía con el mismo cuadro y la fiebre no bajaba, ante lo cual le dieron una inyección y le pusieron paños de agua fría. La doctora, que será imputada en la causa, les aseguró que no era necesaria una internación.
Ya en la jornada del 16 de mayo Jennifer no mejoraba y empezó a convulsionar. Esta vez sus padres se dirigieron al centro de salud de Atuel Norte, donde se encontraron con el médico Alejandro Pérez Teobaldi, quien les dijo que no podía atender a la criatura porque no tenían turno. La familia reclamó pero el profesional reiteró su negativa, a pesar de que otra mujer ofreció ceder su lugar para que asistieran a la beba.
Finalmente, se fueron al hospital Schestakow con la nena ya desvanecida y, tras algunos minutos en la guardia, les informaron que había fallecido.
A partir de ahí comenzó la investigación penal con pedidos de informes que llegaron al Cuerpo Médico Forense de Mendoza, cuyos peritos precisaron que con un correcto diagnóstico y una adecuada atención la niña podría haber tenido más posibilidades de vida. Infirieron como causa de muerte una meningitis virósica.
Este texto fue publicado originalmente por Los Andes. Se reproduce aquí con la autorización correspondiente.
