En la pelea por Portezuelo del Viento se desarrolló un nuevo raund. En la jornada de hoy ingresó a Fiscalía de Estado una solicitud para que directamente se declare fracasada la licitación ya que, entre otros argumentos, hubo un solo oferente.
En la presentación aseguran que es necesario “impedir el grave daño inminente que producirá la adjudicación y eventual contratación” de la obra Portezuelo del Viento.
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La petición no es una más ya que la firman tres pesos pesados del ambiente jurídico de Mendoza: ex juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Pérez Hualde, más dos expertos en derecho de agua como son Aldo Guarino Arias y Miguel Mathus Escorihuela.
En la presentación dirigida al fiscal de Estado, Fernando Simón, expresan que la obra “ha devenido en un severo riesgo de daños al patrimonio público que a Usted la Constitución le ha encomendado defender”.
Los tres juristas aseguraron que “las circunstancias fácticas y jurídicas que llevaron a la planificación, decisión y avance en los trámites para la realización de tan importante emprendimiento hidroeléctrico han sufrido una profunda transformación que obliga a reconsiderar todo lo actuado”, sostienen y aclaran que la continuación del rumbo emprendido “conducen inevitablemente a un severo daño a los intereses y el patrimonio de la Provincia”.
La presentación en Fiscalía de Estado se convirtió en un capítulo más en lo que ha sido la discusión por la construcción de la represa en Malargüe desde que inició la semana.
Primreo distintas cámaras empresarias de Mendoza le enviaron una carta al gobernador Rodolfo Suarez para que suspenda el proceso licitatorio y además se contemple un nueva iniciativa teniendo en cuenta el trasvase de aguas del río Grande al Atuel, algo que el actual proyecto no tiene presente.
El miércoles el consorcio Malal-Hue que busca ejecutar la obra realizó una nueva oferta, a pedido del Gobierno, en la que redujo el 22% la propuesta formulada inicialmente es decir un monto que ronda los 200 millones de dólares.
En tanto este jueves Pérez Hualde, Guarino Arias y Mathus Escorihuela apelaron a la Fiscalía de Estado para que directamente frene definitivamente la licitación.
Entre los argumentos enumeran la inexistencia de distintas ofertas en la licitación que se encuentra en curso, los precios estipulados por la única oferente, la disminución sensible del caudal del Río Grande en los últimos años, el cuestionamiento, cambio y desconocimiento sistemático de las provincias integrantes del COIRCO de sus decisiones y la presencia de diversos reclamos de provincias limítrofes sobre los caudales de las cuencas principales del territorio “obligan a un replanteo de la decisión”.
Suman también los procesos judiciales iniciados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por provincias limítrofes, como el caso de La Pampa, y resaltan que las decisiones que podría tomar el Alto Tribunal abren la posibilidad de una sustancial alteración o interrupción de la ejecución de las obras.
Los juristas hacen hincapié en que las objeciones y riesgos convierten a la obra en “un emprendimiento altamente perjudicial para el patrimonio público y para el futuro del desarrollo provincial” y aseguran que “la licitación en trámite no ha generado por el momento derechos adquiridos a sus participantes por lo que puede ser detenido su procedimiento mediante la declaración de fracaso por falta de ofertas convenientes”.
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En este sentido, requieren al Fiscal de Estado la “declaración de fracaso de la licitación pública a fin de impedir la continuación del procedimiento y ordenar la realización de un exhaustivo análisis de las nuevas condiciones fácticas, jurídicas y económicas que impactan sobre los parámetros tenidos en cuenta para la planificación de la obra y que hoy se han visto sustancialmente modificados tornándola en antieconómica y perjudicial para la economía general de la provincia”.
*Este texto fue publicado originalmente por Los Andes. Se reproduce aquí con la autorización correspondiente.
