el martes, Silvia Quevedo, quien era la directora del Hospital de Nogolí, fue procesada por el juez Federal, Juan Maqueda. Está acusada de entregarle votos marcados a electores de la localidad de Nogolí para que sufragaran en las elecciones de 2017 por la lista de candidatos de los hermanos Rodríguez Saá, para poder conservar o acceder a los planes sociales.
Por otra parte, la actual intendente de Nogolí, Claudia Pinelli, y dos punteros de Unidad Justicialista también fueron denunciados un día antes de las elecciones del 22 de octubre por los apoderados de Avanzar y Cambiemos. Según El Chorrillero los denunciantes detectaron las maniobras y pudieron acceder a las boletas marcadas con las cuales se obligaba a votar a vecinos de la zona.
Quevedo, quien se desempeñó como fiscal en la escuela de Nogolí, fue procesada por "compeler a tres electores de esa localidad a votar a favor del Frente Unidad Justicialista bajo amenaza de no acceder o mantener los planes sociales que se le habían ofrecido", explicó el fiscal Cristian Rachid al mencionado medio digital.
En la causa, los involucrados están acusados de violar el artículo 139 inciso B del Código Electoral Nacional. En el recuento aparecieron 65 votos irregulares en Nogolí.
Sin embargo, en el caso de Pinelli se dictó la falta de mérito porque "no hay una expresa y concreta referencia en la intervención en los hechos que se le imputan, solamente se la nombra, ahora el juez tiene que juntar más pruebas para ver si la procesa", señaló Rachid.
Además Nancy Escudero, otra de las acusadas, había sido señalada por los tres hechos al igual que Quevedo. El juez la procesó sólo por uno.
El cuarto involucrado, Nicando Hilario Amieva quien habría intervenido en la entrega de boletas marcadas a dos electores, hasta el momento no prestó declaración indagatoria porque permanece internado.
"Acabo de hacer la apelación, pedí que se forme un incidente y que me devuelvan la causa para seguir investigando. Hay medidas de prueba que todavía me quedan pendientes, para reforzar la imputación originaria y eventualmente ampliar nuevos casos si es que aparecen", aseguró Rachid y cuestionó la decisión de no procesar a Escudero por los otros dos hechos.
En este sentido, el fiscal entiende que al no estar concluida la investigación, podrían haber más personas involucradas en la causa. A eso apunta averiguar a través de las próximas medidas que impulsará.
Ahora la Cámara Federal de Mendoza tendrá que resolver las apelaciones.