El debate oral contará con más de 50 testigos. Estiman que la sentencia se dictará a fin de año o a comienzos del 2019.


Este viernes a las 8:30 comenzó el tercer juicio por lesa humanidad en San Luis, por delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar, llamado “Juicio a Jueces” en en el Tribunal Oral Federal. Serán juzgados el ex juez Federal, Eduardo Allende, el ex fiscal Federal Hipólito Saá, el ex médico de la Policía de San Luis, Jorge Omar Caram y el ex teniente de la Artillería Nº 141, Alberto Eduardo Camps.

Jueces federales Julián Falcucci, Alberto Daniel Carelli y María Paula Marisi.

Todos están acusados de integrar una “asociación ilícita, privación abusiva de la libertad agravada y tormentos”, informó El Chorrillero.

Las audiencias se desarrollarán cada 15 días, es decir todos los viernes con jornada intensiva, por la mañana y por la tarde. Estiman que la sentencia se dictará a fin de año o a comienzo del 2019.

Hubo dos audiencias preliminares donde acordaron la incorporación de pruebas y declaraciones audiovisuales de 49 personas pertenecientes a los dos juicios anteriores.

También fueron citados a declarar de forma presencial once víctimas. Ellos son: Ignacio Echandía, Julio Oscar González, Víctor Hugo Ciriveni, Inés Villarme, Mabel Merlino, Abdo Reid, Omar Prudencio Juárez, Raúl Alberto Castillo, Juan Manuel Echandía, Irma Zacardo de Castillo y Raquel Camacho de Castillo.

El Tribunal está conformado por los jueces Federales María Paula Marisi y Alberto Daniel Carelli de Mendoza y Julián Falcucci de Córdoba.

Por el ministerio Público Fiscal intervendrán Cristian Rachid y Mónica Spagnuolo. Estará además el representante de la Asociación Permanente de Derechos Humanos (APDH) y querellante, Norberto Hugo Foresti.

Comenzó el tercer juicio de lesa humanidad en San Luis.

Hipólito Sáa cuenta con el patrocinio de Juan Rodríguez Estévez, mientras que Allende, Caram y Camps son  asistidos por los defensores oficiales, Santiago Bamolde y Federico Reinaldo Pastor.

La defensa de Saá solicitó que no concurra a las audiencias por “problemas de salud” pero la fiscalía se opuso al pedido.

Lo máximo que podrán recibir los imputados en caso de ser condenados será 25 años de prisión. La fiscalía insistirá con la calificación más gravosa y pedirá una pena perpetua para los ex magistrados.




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