El jueves durante la sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis se aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza por el cual la Comuna deberá iniciar los trámites para expropiar 78 hectáreas en la zona oeste de la ciudad, conocida como barrio La República, que surgió como un asentamiento.
Durante la sesión estuvieron presentes alrededor de 20 vecinos, expectantes por su aprobación. Según informó El Diario de la República algunos concejales no quisieron llenar de pesimismo a los vecinos que festejaban la aprobación, pero pusieron en consideración algunas particularidades.
En uno de los apartados establece que si la Municipalidad quiere cobrar una cuota a los vecinos que ocuparon esas tierras, el monto no podrá exceder el 5% del Salario Mínimo Vital y Móvil, es decir $475 mensuales.
El justificativo para proceder a una expropiación es el fin social, es decir para hacer un barrio, un hospital o una escuela, pero en este caso se expropiarían las tierras de un privado para entregárselas a otro. Pero no se descarta que se presenten objeciones en la Justicia que pueda extender el tiempo para hacer efectiva la adquisición de esos terrenos para darlos a las familias.
Qué dijeron los ediles sobre la aprobación
Daniela Serrano, del Frente Unidad Justicialista, les advirtió a los vecinos que era el primer paso. "Esto recién empieza" les dijo. La realidad es que la Intendencia deberá responder con sus fondos para poder abonar a los dos propietarios de esos terrenos.
Federico Cacace, del oficialismo municipal, dijo que el proyecto tiene como fin "lograr que los vecinos puedan tener condiciones dignas de habitabilidad" y aclaró que se dieron algunas modificaciones, ya que el proyecto general planteaba la expropiación de 350 hectáreas.
Guillermo Araujo, de Avanzar y Cambiemos, explicó que "es el inicio del proceso de solución" algo que tuvo la misma perspectiva de Ayelén Mazzina del Frente Unidad Justicialista que aseguró que ese es el camino para poder tener "la vivienda digna" .
Luis "Piri" Macagno, del bloque unipersonal Identidad Popular, señaló que hay que entender este asentamiento en el contexto de la crisis nacional y que "ningún vecino asentado en La República es un delincuente".
Juan Domingo Cabrera, también del Frente Unidad Justicialista, pidió disculpas por la demora en el tratamiento de un proyecto que tiene casi un año de debate, mientras que su compañera de bloque, Serrano, aclaró que tuvieron que hacer la salvedad de incorporar que en caso de querer cobrar una cuota, ésta no puede ser mayor al 5 por ciento del Salario Mínimo Vital y Móvil, "para que no pase lo que sucedió con los terrenos de la Granja La Amalia". Esos fueron entregados por la Intendencia y luego anunciaron que los vecinos tendrían que pagar 48 cuotas de 6.500 pesos.
