El miércoles la Cámara de Diputados de San Luis aprobó por mayoría (30 votos a favor y 1 en contra) el proyecto de Ley de Escuelas Generativas y le dio sanción definitiva a la iniciativa impulsada por el Gobierno de San Luis, que ya tenía tenía media sanción del Senado.
Ahora las escuelas generativas de la provincia contarán con un marco regulatorio propio, ya que estaban funcionado bajo la Ley Provincial N° II-0035-2004 de Escuelas Experimentales.
El proyecto cuenta con 14 artículos que establecen incluir "en el sistema educativo al proyecto pedagógico innovador de escuelas generativas" y entre varias características, destaca su carácter público, gratuito, "de gestión social" y "no graduada" que "favorece la libertad de los/las estudiantes, tomándolos como centros del proceso de aprendizaje".
Sonia Ramoska, del bloque Peronismo del Interior y quien preside la Comisión de Educación, Ciencia y Técnica, fue quien inició el debate del proyecto.
El Ministerio de Educación e la provincia informó que actualmente hay 25 escuelas generativas en funcionamiento, con un total de 3.500 alumnos.
"Estas escuelas fueron creadas por un decreto particular cada una. Esta ley lo que va a dar es ese marco jurídico general que va a garantizar la continuidad de estos proyectos pedagógicos y va a posibilitar que parajes que están esperando estas escuelas, se puedan desarrollar", justificó Ramoska ante los legisladores puntanos.
Desde San Luis Unido plantearon durante el debate de que el Gobierno no desfinancie el resto del sistema educativo para favorecer a las generativas.
Además cuestionó que la nueva normativa toma a la modalidad como "proyecto pedagógico" y tiene en cuenta a los niveles iniciales, primarios y secundarios.
"Se viene probando con el alumnado para ver en cuál tendremos una mejor resonancia. Tampoco tenemos pruebas de resultados sobre cuál de todas estas experiencias fueron o no beneficiosas" dijo Juan Manuel Rigau.
Desde el interbloque Avanzar y Cambiemos también destacaron el proyecto: "Creo que siempre es importante innovar en materia educativa. Si bien hacemos una defensa orgullosa de la escuela pública tradicional en el sistema educativo, es cierto también que a medida que avanzan los tiempos, vemos el deterioro de la calidad. Queda claro que las formas tradicionales concebidas en el siglo XIX no responden a muchas de las demandas actuales", manifestó Alejandro Cacace.
Tanto Rigau como Cacace expusieron que el Gobierno debe ocuparse también del resto de los temas del sector educativo. "Uno quiere acompañar pero observa cosas que no se tienen en cuenta como la regularización de los profesionales. Me preocupa cómo se hará para que los chicos de la ruralidad vayan a la escuela".
Por su parte Paulina Calderón, quien está a cargo de la cartera educativa, celebró la aprobación y expresó que "así garantizamos la continuidad de la innovación educativa como política de Estado. Es sinónimo de justicia educativa porque implica seguir generando más oportunidades para las y los estudiantes que encuentran en ellas una escuela significativa, que los contiene y escucha".