El miércoles los presidentes de los cinco partidos del Frente San Luis Unido formalizaron las presentaciones ante la Justicia Federal, en el marco de causas en las que se investiga el uso irregular de fondos públicos. El candidato a gobernador Claudio Poggi y el candidato vicegobernador, Enrique Ponce denunciaron a Adolfo y Alberto Rodríguez Saá por asociación ilícita y lavado de activos.
En la causa se investiga el desembolso, en septiembre de 2017, de un subsidio por 80 millones de pesos de parte del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, a la Fundación de Mujeres Puntanas, manejada por Gisela Vartalitis, esposa del actual senador y candidato a gobernador Adolfo Rodríguez Saá.
La entrega del dinero ocurrió 40 días previo a las elecciones de 2017 en las que Adolfo Rodríguez Saá encabezaba la lista del Unidad Justicialista.
Es por eso que un grupo de diputados opositores entablaron la demanda en la Justicia Federal contra el Gobernador, el vicegobernador, Carlos Ponce; los ministros Sergio Freixes y Natalia Zabala Chacur; el contador General, Daniel Marone; el senador Rodríguez Saá y Gisela Vartalitis, según informó El Chorrillero.
Claudio Poggi informó que se sumaron como querellantes a la causa porque "claramente hay una vinculación a la campaña electoral, todos conocemos cuales fueron los usos de ese dinero" y luego añadió que a ese desembolso en 2017 se le suma actualmente otros 50 millones de pesos entregados a la fundación de Sol Puntano, para esta elección, que tiene un modus operandi similar y por eso lo hemos incorporado a la denuncia; ya se están dando movimientos raros, de presión, seguimientos y queremos que se respete el voto secreto, la voluntad popular (...) Que se respete la Ley", sentenció.
Según informó El Chorrillero los fondos de Sol Puntano fueron canalizados a través del Ministerio de Producción, a cargo de Sergio Freixes. Al respecto Poggi reclamó: "Lo que le tienen que pedir a Freixes es que vaya preso. Tiene que estar preso, fue condenado y está apelado".
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El ex Gobernador pidió a la Secretaría Electoral Federal celeridad y la aplicación de todas las sanciones previstas por las violaciones a las leyes de Financiamiento Electoral y exigió que se tomen medidas tendientes a asegurar que en la provincia puedan celebrarse "elecciones libres y democráticas".
