Natalia Caballero
Por las últimas horas, el caso del matrimonio policía acusado de desviar fondos de la Fuerza continúa revelando más detalles. Oscar Vanetti, el tesorero acusado, negó fraude y aseguró que los desvíos de los fondos lo hicieron con la intención de colaborar con algunos compañeros del trabajo. Sin embargo, esta versión se cayó rápidamente ya que la transferencia de $104 mil que se habría hecho para ayudar a la mujer y los hijos de un comisario fallecido, nunca llegó a la familia del difunto.
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Así lo afirmó Tiempo de San Juan el pasado martes. El pasado 9 de marzo, Vanetti transfirió de manera irregular $104.197 a su cuenta personal. Esa plata fue depositada a nombre del comisario inspector Rubens Bartol, quien falleció el 9 de febrero pasado. La viuda de Bartol, Claudia Yafar, afirmó que ese dinero nunca llegó a la cuenta sueldo de su marido.
El último lunes, Vanetti y su esposa, la subcomisaria María Ivana Olivares, quedaron imputados del delito de peculado (una de las modalidades del fraude). Con el asesoramiento de la abogada María Filomena Noriega, el acusado declaró que no cometió ningún ilícito y que los movimientos de dinero los había realizado para ayudar a familias de compañeros fallecidos. La explicación que dio se sustenta en que esas personas necesitaban el dinero de manera urgente y que por distintas razones no podían cobrarlos, por lo que él transfería la plata a su cuenta para poder entregarles el efectivo de manera rápida.
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De esta manera, trató de explicar las transferencias de 228.400 pesos del 14 de enero, 104.197 pesos del 9 de marzo, 280.000 pesos del 18 de marzo y otros 280 mil del 15 de abril último. Sin embargo, el fiscal Iván Grassi y el equipo de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales detectaron que no fue así, y que por el contrario, Vanetti, su esposa Olivares y la cabo primero Carolina Del Valle Tejada Montaño se complotaron para desviar fondos de la Policía. Por estos motivos, el delito por los que están siendo investigados es el de peculado, que significa apropiarse indebidamente de dinero perteneciente al Estado. La pena de va desde 2 a 10 años de prisión y también inhabilitación perpetua para cumplir funciones públicas.