Después de que la jueza Amanda Días rechazó el pedido del hombre sanjuanino que intentaba frenar un aborto de su ex pareja, se conoció este miércoles que fue el joven el que inició el trámite en la Obra Social Provincial. Según publicó Diario de Cuyo, el demandante, identificado como Franco, fue quien solicitó la aprobación de la práctica abortiva para la mujer pero diez días después se arrepintió y dio marcha atrás con el pedido.
El caso generó un fuerte debate en San Juan y ahora suma un nuevo capítulo. Según revelaron fuentes calificadas, el sujeto inició el trámite el 9 de abril. Pero a los pocos días le dio de baja y es la mujer quien, como afiliada indirecta de la OSP, continuó con el expediente para lograr la interrupción de su embarazo.
A la jueza titular del Juzgado Civil N°11 le había llamado la atención que ninguno de los abogados del demandante, Mónica Lobos y Martín Zuleta, llevaran las órdenes que ella había dictado para presentar en el Ministerio de Salud Pública, la OSP y el Sanatorio Argentino, cuyas autoridades debían informarle a la magistrada si la mujer había abortado o no. Diario Huarpe había anticipado que la práctica ya estaba hecha y por eso, desde el Juzgado solicitaron todas la información .
Sin embargo, a la jueza esa “conducta relajada” y la “pasividad procesal” del hombre y sus abogados, que tienen “la carga de urgir toda medida tendiente a obtener una resolución favorable”, resultaba “totalmente contradictorio a la supuesta urgencia e imperiosa necesidad” alegada por la ex pareja de la mujer.
Mientras tanto en los medios, Franco pedía que se preserve la vida del niño por nacer y poder ejercer su derecho como padre. De hecho señaló que “aborrece” a la que aún es su esposa ya que, según sus declaraciones, se trata “de una persona que quiere matar a nuestro hijo”. También salió a criticar la ley de IVE, argumentando que “si un padre reclama la vida de su hijo para mantenerlo, darle protección y la vida, ¿la pena es la muerte? ¿Dónde está igualdad? No entiendo, es el mundo del revés”.
Lo último que se sabe del caso es que el juez federal Miguel Gálvez rechazó la cautelar que había presentado la asociación civil Abogados por la Vida. En este contexto el magistrado indicó que ningún juez “tiene el poder de hacer caer la vigencia de una norma ni nunca lo tuvo desde la sanción de la Constitución de 1853. Si no la tiene en la sentencia que decide el fondo de la cuestión, menos aún puede ejercerla cautelarmente”.
