Tras la polémica generada el fin de semana pasado cuando se difundió una nota firmada por el director de HemoSalta, Martín de la Arena, donde decía que el paciente con COVID debía pagar 30.000 para recibir plasma, la Fiscalia Penal de Delitos Económicos abrió una investigación sobre la posible comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
El fiscal Ramiro Ramos Ossorio, indicó que de acuerdo a la Ley nacional de Sangre N°22.990 se prevé hasta 6 años de prisión e inhabilitación para quienes comercialicen la sangre o sus derivados, como lo es el plasma.
Ramos Ossorio solicitó informes a distintos organismos públicos y entidades privadas, como Ministerio de Salud Pública de la Provincia y de Nación, a clínicas y sanatorios privados, a la obra social provincial Instituto Provincial de Salud de Salta, al centro privado HemoSalta SRL y al Ministerio de Economía de la Provincia, para avanzar en la investigación.