La posibilidad de recurrir al aborto selectivo ha desencadenado un notable desequilibrio en relación a los sexos. En China superó las 800.000 intervenciones en 2017, último periodo contemplado en un estudio internacional publicado por las revista científica estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
El trabajo observa que el desequilibrio entre la cantidad de niños y niñas nacidos vivos "es una consecuencia directa del aborto selectivo en función del sexo, impulsado por la coexistencia de la preferencia de los hijos varones y la disponibilidad de tecnología de diagnóstico prenatal".
En esta línea, el estudio que recoge datos de 202 países de todo el mundo desde 1950 hasta 2017, señala entre sus conclusiones que de 1970 a 2017 (47 años), hay 12 países que muestran "una evidencia estadística sólida" de prácticas de aborto selectivo. Se trata de Albania, Armenia, Azerbaiyán, China, Georgia, Hong Kong, India, Corea del Sur, Montenegro, Taiwan, Túnez y Vietnam.
En esta lapso de tiempo, se produjeron en todo el mundo un total de 23,1 millones de abortos selectivos de niñas. La mayoría de ellos ocurrieron en China, con 11,9 millones, e India, con 10,6 millones. Durante el 2017, la estimación para China fue de 863.000 casos, mientras que en India fue de 671.000.
Según los investigadores, la motivación para esta práctica tiene que ver con tres factores. El primero es que "la mayoría de las sociedades con una inflación anormal tienen una fuerte y persistente preferencia por los hijos, lo que les proporciona la motivación".
El segundo, que desde los 70 el acceso a esta práctica se volvió "más accesible". El tercero, "la fecundidad ha disminuido a niveles bajos en todo el mundo" y esto provocó un efecto de mayor ajuste.
En esta línea, el trabajo concluye que "el aborto selectivo en función del sexo proporciona un medio para evitar las familias numerosas sin dejar de tener descendencia masculina".
Para realizar esta investigación, sus autores Fengqing Chao (Universidad de Singapur), Patrick Gerland (Naciones Unidas), Alex R. Cook (Universidad de Singapur) y Leontine Alkema (Universidad de Massachusetts) se basaron en datos de registros civiles, censos y encuestas realizadas en los países en evaluados.