El gobierno de Dinamarca anunció esta semana un plan para albergar en una isla remota y actualmente contaminada a extranjeros "no deseados", una medida al borde de la legalidad que es cuestionada por asociaciones de derechos humanos.

"No son deseados en Dinamarca y tienen que sentirlo", dijo la ministra danesa de Integración, Inger Støjberg, quien hoy anticipó que la semana próxima no asistirá a la cumbre sobre Inmigración de la ONU en Marruecos.

El polémico plan fue acordado el pasado viernes entre el gobierno liberal-conservador y sus socios del xenófobo Partido Popular Danés (DF) como parte de las negociaciones anuales por el presupuesto, reportó la agencia de noticias EFE.

El centro de acogida estará ubicado en Lindholm, una isla al sureste del país destinada durante casi un siglo a experimentos con enfermedades contagiosas de animales. Desde 1926, el ganado y los chanchos enfermos eran llevados a los laboratorios insulares para ser examinados, pero el cierre en julio pasado de las instalaciones llevó al gobierno a plantearse un nuevo destino para el islote.

Un centenar de migrantes que cometieron delitos o cuyas solicitudes de asilo fueron denegadas pero que no pueden ser deportados a sus países de origen serán alojados en Lindholm a partir de 2021, cuando la isla estará definitivamente descontaminada.

Para ello, Copenhague invertirá en los próximos cuatro años alrededor de 115 millones de dólares, según indicó el diario estadounidense The Washington Post.

Aunque los migrantes podrán abandonar la isla durante el día para ir en barco a la pequeña localidad de Kalvehave, deberán regresar a la noche bajo amenaza de ser encarcelados.

"Minimizaremos la cantidad de frecuencias del ferry tanto como sea posible. Lo haremos tan molesto y tan caro como se pueda", dijo al canal TV2 el vocero de extranjería del DF, Martin Henriksen.

El centro estará, además, controlado por las autoridades penitenciarias y habrá policía patrullando. "Los extranjeros que han abusado de la confianza de la sociedad danesa y cometido actos criminales deben tener las condiciones más austeras posibles y ser controlados de forma consecuente", argumentó, por su parte, Stojberg.

La iniciativa, sin embargo, ha despertado críticas en la sociedad danesa, especialmente entre las organizaciones de derechos humanos. "Exigimos que el gobierno y el Partido Popular Danés pongan fin a sus planes [para la isla] y mejoren las condiciones de todos los solicitantes de asilo rechazados en Dinamarca", exigió Steen D. Hartmann, miembro del movimiento "Stop Discriminación".

Mientras que el Instituto de Derechos Humanos consideró la medida "al borde de la legalidad", ya que se trata de personas que cumplieron pena y no se les puede privar de libertad.

En Dinamarca, como en gran parte de Europa, la crisis migratoria de 2015 provocó una reacción populista y nacionalista, que llevó al gobierno danés a endurecer sus ya estrictas políticas migratorias al límite de las convenciones internacionales. No obstante, aún es pronto para saber si el proyecto de Lindholm cruzaría la frontera de la legalidad, según señalaron expertos consultados por el diario estadounidense The New York Times.