Redacción Vía Rosario
Con algunos de los principales protagonistas de la causa ya desvinculados del proceso, este lunes empezó el juicio oral y público por la megaestafa inmobiliaria en Rosario. A partir de las denuncias que sacudieron a la city por el arresto de empresarios, escribanos y operadores financieros, 13 personas se sentaron entre las acusadas durante la audiencia de apertura.
El fiscal Sebastián Narvaja solicitó penas de hasta 20 años de prisión efectiva en el inicio del debate sobre el caso que tomó estado público a partir de los allanamientos solicitados el miércoles 12 de octubre de 2016. Desde entonces, algunos imputados de alto perfil cerraron acuerdos para resarcir a las víctimas y otros aceptaron condenas en procedimientos abreviados.
La nómina de acusados incluye a cuatro escribanos involucrados en compraventas fraudulentas de una decena de propiedades en Rosario y la región. La lista comprende tanto casas como inmuebles rurales cuyos legítimos dueños llevan casi una década de espera para recuperar la titularidad.
Además de las condenas a prisión e inhabilitaciones profesionales, la Fiscalía Regional solicitó multas cuya sumatoria excede los 1.600 millones de pesos. El veredicto quedó en manos del tribunal integrado por los jueces Ismael Manfrín, Nicolás Vico Gimena y Román Lanzón.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó que las sanciones no solo se refieren a estafas y a la falsificación de documentos públicos y privados. En algunos hechos detectaron que las operaciones inmobiliarias fueron parte de un maniobra de lavado de activos. De hecho, en el inicio de la pesquisa advirtieron posibles conexiones con integrantes de “Los Monos”.
¿Qué condenas pidieron en Rosario por la megaestafa inmobiliaria en Rosario?
- Eduardo Martín Torres: 20 años de prisión efectiva, multa de $ 344.081.151,73 y 12 años de inhabilitación especial para ejercer el notariado.
- Juan Roberto Aymo: 20 años de prisión y multa de $ 344.081.151,73.
- Maximiliano González de Gaetano: 20 años de prisión y multa de $ 353.836.160,78.
- Juan Bautista Aliau: 9 años de prisión, multa de $ 344.081.151,73 y 12 años de inhabilitación especial para ejercer el notariado.
- Marcelo Jaef: 7 años de prisión y multa de $ 73.036.000, equivalente a cuatro veces el valor real de la operación de lavado de activos en la que intervino.
- José Luis Gordó: 7 años de prisión, multa de $ 81.598.854,13 y 12 años de inhabilitación especial para ejercer el notariado.
- Luis María Kurtzemann: 5 años y 6 meses de prisión, multa de $ 54.777.000 equivalente a tres veces el valor real de la operación de lavado de activos en la que intervino e inhabilitación especial para ejercer el notariado por 10 años.
- Vanina Viglione: 5 años y 6 meses de prisión, multa de $ 4.745.371,53.
- Ramona Rodríguez: 5 años de prisión y una multa de 49.069,6053 unidades Jus, equivalente a 3 veces el monto de la operación denunciada.
- Sandra Moresco: 5 años de prisión y multa de $ 40.526.404,18.
- Omar Busellato: 4 años de prisión y multa por dos veces el valor de la operación.
- Magalí González de Gaetano: 3 años y 6 meses de prisión, multa de $ 6.636.993.
- Andrés Alejandro Martín: 2 años de prisión.
¿Cómo operaba el grupo imputado por estafas inmobiliarias en Rosario?
De acuerdo a la teoría del MPA, los escribanos y demás imputados en el juicio se dedicaban a hacer documentos falsos para vender propiedades ajenas. En determinadas oportunidades, los acusados llegaron a figurar en los papeles como los compradores finales para beneficiarse con esas maniobras ilegales.
La unidad de Delitos Económicos de la Agencia de Criminalidad Organizada denunció que los notarios utilizaban poderes apócrifos de personas fallecidas o que vivían en el exterior. De esta manera, cerraban las ventas a sus cómplices y los bienes quedaban registrados con su nombre.
“En algunos casos, se hacían más compraventas de la misma propiedad”, recordó el fiscal Sebastián Narvaja. Según este análisis, las transacciones posteriores hacían “prácticamente imposible” recuperar la casa, el campo o el terreno en cuestión.
En el inicio del proceso penal, el MPA imputó como uno de los protagonistas de una de estas estafas a Pablo Abdala. Dos años después, el gerente de operaciones de La Capital acordó un resarcimiento a la víctima y quedó desvinculado de la causa. Lo mismo ocurrió con el agente bursátil Jorge Oneto.