Belén Musso
Una escalofriante historia de explotación y sometimiento salió a la luz en la ciudad de Rosario, donde una mujer fue formalmente imputada por el delito de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) acusó a la residente de Los Ángeles, Estados Unidos, de haber mantenido esclavizada por 22 años a una joven (36) desde que era adolescente, forzándola a realizar tareas de cuidado y servicio doméstico por más de dos décadas en una vivienda del tradicional barrio Martín.
El inicio del calvario
La víctima, que fue captada en la provincia de Corrientes en el año 2003, fue trasladada a Rosario con la falsa promesa de que podría estudiar y mejorar sus condiciones de vida. Lamentablemente la realidad fue otra: la adolescente de 14 años nunca fue escolarizada y, en su lugar, quedó completamente subyugada a las exigencias de sus captores, según consta en la investigación judicial. La explotación se extendió de manera ininterrumpida por 22 años.
Controlada con 16 Cámaras de Seguridad
La acusada, identificada como E.S.S., habría continuado con la situación de sometimiento que inicialmente impulsó su madre, también bajo investigación, pero utilizando métodos de control modernos y remotos. Desde 2022 hasta octubre de 2025, el MPF sostiene que E.S.S. impartía directivas y supervisaba constantemente a la víctima mediante un sofisticado sistema de 16 cámaras de seguridad instaladas en la casa y a través de un teléfono que era el único medio de comunicación de la persona explotada.
Según el detallado informe de la acusación, la joven fue obligada a trabajar sin recibir descanso ni remuneración alguna. Nunca accedió a un salario, no se le realizaron aportes previsionales ni tuvo cobertura de salud. El aislamiento social fue otra parte fundamental de su sometimiento, ya que se le impidió establecer cualquier tipo de vínculo con el exterior. Por la naturaleza prolongada de los hechos, el MPF calificó este dramático suceso como un “delito de ejecución continuada”.
Las fiscales Adriana Saccone, María Virginia Sosa y Soledad García llevaron adelante la imputación ante el juez de Garantías Román Lanzón. La mujer acusada participó de la audiencia vía videoconferencia desde el país norteamericano, lo que subraya la complejidad transnacional del caso.
La situación de servidumbre llegó a su fin el 2 de octubre de este año, cuando un allanamiento ejecutado por la Policía Federal, tras una minuciosa investigación, permitió liberar a la víctima. Las pruebas reunidas por los investigadores son contundentes e incluyen testimonios de vecinos, informes oficiales, peritajes y la emotiva declaración de la propia víctima en Cámara Gesell.