Los preparativos para activar el “Sindicato de Trapitos” en Rosario siguen en marcha contra la postura de la Municipalidad. Los organizadores del gremio de cuidacoches anunciaron una asamblea en la ciudad y la intendencia decidió recurrir este lunes a otras autoridades estatales para frenar el desembarco de la organización en territorio santafesino.
El secretario de Gobierno, Sebastián Chale, le mandó una carta al Ministerio de Trabajo de la Nación para pedirle que se “abstenga de intervenir en cualquier solicitud o acto” de reconocimiento de la organización nacida en La Plata. También envió el mensaje a la cartera provincial y a la de Justicia y Seguridad de Santa Fe.
La iniciativa del funcionario rosarino surgió como la respuesta administrativa al secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública (STVP), Matías Valdez. El dirigente confirmó el último viernes que el gremio pretende realizar una asamblea en Rosario antes de mayo.
La convocatoria es un tema preocupante dentro del Palacio de los Leones, donde temen que la organización fortalezca legalmente a una “actividad ligada el delito” en las calles. “Estamos hablando de personas que buscan regentear el espacio público. Eso está terminantemente prohibido y no lo vamos a permitir bajo ningún punto de vista”, expresó Chale.
En la vereda de enfrente, Valdez sostiene que el proyecto apunta en la dirección contraria y quieren ser “parte de la solución”. Durante un reportaje en LT8 subrayó que no avalarán “aprietes” de sus afiliados: “Respaldamos a quien realmente quiere trabajar”.
¿Cuál es el plan del “Sindicato de Trapitos” en Rosario?
El plan de acción del STVP consiste en habilitar formalmente al “Sindicato de Trapitos” en la provincia de Santa Fe mediante una asamblea constitutiva en Rosario. Por su parte, la administración del intendente Pablo Javkin planea denunciar a la organización ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) si no da marcha atrás con el proyecto.
Chale consideró que la creación del gremio de los cuidacoches en la ciudad es un “acto expresamente reñido con las leyes” y “no puede ni debe ser tolerado por las autoridades competentes”. Luego sostuvo que la Municipalidad es la única que puede “regular la ocupación del espacio público por parte de vehículos”.
