Facundo Gonzalez
Una investigación impulsada por el Gobierno de Santa Fe puso bajo la lupa a una asociación civil que recibía fondos públicos para el funcionamiento de comedores comunitarios. Según denunciaron las autoridades, parte del dinero habría sido utilizado en consumos realizados en McDonald's, bares, restaurantes y kioscos, gastos que no tendrían relación con el objetivo del programa alimentario.
La situación fue detectada durante una auditoría del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano sobre el Programa Tarjeta Institucional, una herramienta destinada a garantizar la compra de alimentos para organizaciones que asisten a familias en situación de vulnerabilidad.
Tras conocerse las presuntas irregularidades, la Provincia resolvió suspender la asistencia económica a la entidad y presentó una denuncia penal para que la Justicia determine eventuales responsabilidades.
Qué detectó la auditoría sobre los fondos para comedores
De acuerdo con la información oficial, los controles revelaron inconsistencias entre las rendiciones de gastos presentadas por la organización y los movimientos registrados en la tarjeta utilizada para recibir los fondos estatales.
Los auditores observaron consumos en cadenas de comida rápida, bares, restaurantes y kioscos, operaciones que no coincidirían con la finalidad prevista por el programa, orientado a la compra de alimentos para comedores y espacios comunitarios.
La entidad involucrada es el Movimiento Mahatma Gandhi, liderada por Luciano "Chano" Rossi, con sede en la ciudad de Santa Fe. Según informó la Provincia, fue excluida del sistema de asistencia mientras avanza la investigación judicial.
La denuncia se suma a otras auditorías sobre programas alimentarios
El caso se enmarca en una serie de controles que el Gobierno santafesino viene realizando sobre comedores, merenderos y organizaciones que reciben recursos públicos para asistencia alimentaria. En auditorías previas se habían detectado irregularidades en cientos de instituciones conveniadas dentro del programa Tarjeta Institucional.
Desde el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano señalaron que el objetivo de estas revisiones es garantizar la transparencia en el uso de los fondos y asegurar que los recursos lleguen efectivamente a las personas que necesitan asistencia alimentaria.
Mientras tanto, la denuncia penal buscará determinar si existió un uso indebido de dinero público y establecer quiénes fueron los responsables de las operaciones observadas durante la auditoría.