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| miércoles, 03 de junio de 2026
El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a poner en el centro del debate público la necesidad de reformar el sistema de justicia juvenil en Argentina. Tras el brutal asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años que recibió 23 puñaladas en Santa Fe, el mandatario provincial fue categórico al afirmar que la edad no debe ser un atenuante cuando se trata de crímenes aberrantes. Para Pullaro, la justicia debe evolucionar para enfrentar una realidad donde los menores son protagonistas de hechos de extrema violencia.
La postura del gobernador surge en un contexto de profunda indignación social, luego de que se confirmara que en el homicidio de Monzón participaron al menos tres menores de edad, dos de los cuales tienen apenas 14 años. Debido a la legislación vigente, estos jóvenes fueron considerados no punibles y recuperaron su libertad casi de inmediato, a pesar de la saña con la que se cometió el ataque. Esta situación ha generado un fuerte rechazo en la opinión pública y ha impulsado el pedido de cambios normativos urgentes.
“Un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor”, sentenció Pullaro, marcando una posición clara contra lo que denomina el "garantismo" que ha imperado en el sistema judicial. El mandatario sostiene que un joven de 14 años que planifica un ataque y actúa con premeditación y alevosía comprende perfectamente el daño que está causando. Según sus palabras, la prioridad del Estado debe ser proteger a la sociedad y garantizar que los responsables de delitos de extrema violencia cumplan condenas efectivas.
El caso de Jeremías Monzón es particularmente escalofriante, ya que las investigaciones indican que el crimen fue filmado y que la víctima fue llevada mediante engaños a una emboscada. Para Pullaro, este tipo de comportamientos demuestra un nivel de consciencia y frialdad que no puede ser ignorado por los jueces. El gobernador subrayó que la pena debe estar vinculada directamente al delito cometido y no a la fecha de nacimiento de quien empuña el arma o ejecuta la agresión.
Además de exigir penas más duras, el titular del Ejecutivo santafesino destacó la importancia de las recientes modificaciones en el Código Penal Juvenil a nivel provincial, las cuales permiten que ciertos menores puedan ser llevados ante un tribunal. Sin embargo, insistió en que el Congreso Nacional debe avanzar en la baja de la edad de imputabilidad para evitar que las organizaciones criminales sigan utilizando a adolescentes como “mano de obra” descartable e impune para sus fines delictivos.
El mensaje del gobernador es directo: aquellos que no estén dispuestos a resocializarse y opten por el camino del delito "la van a pasar muy mal en las cárceles“. La provincia busca dar una señal clara de que no habrá retrocesos en la lucha contra la delincuencia juvenil y el crimen organizado.
Redacción Vía Rosario