El Ministerio Público de la Acusación (MPA) busca determinar si existieron omisiones estatales en el seguimiento de Luna Zárate. La investigación se centra en los meses previos a su muerte, analizando si los protocolos de protección a la niñez se activaron de manera eficiente y oportuna.
La fiscalía ordenó relevar las actuaciones de la Secretaría de Niñez y de los centros de salud que tuvieron contacto con la menor. Se intenta reconstruir la hoja de ruta institucional para detectar si hubo alertas desatendidas sobre la situación de vulnerabilidad extrema que vivía Luna.


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Los pedidos de informe a los organismos
El foco está puesto en la intervención interdisciplinaria que debía garantizar los derechos de la niña. La Justicia pidió copias certificadas de todas las actas y registros oficiales para evaluar si la respuesta del Estado ante el entorno de la menor fue suficiente o negligente.

Este paso procesal es clave para esclarecer el contexto social y familiar en el que se produjo el deceso. Los investigadores no descartan responsabilidades administrativas si se comprueba que el sistema de alertas falló a pesar de los antecedentes de riesgo conocidos en el barrio.

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Un reclamo que crece en la comunidad
Organizaciones sociales y vecinos de Rosario exigen justicia por Luna y denuncian una desprotección sistemática en los sectores más postergados. El caso puso en el centro del debate la eficacia de las políticas públicas destinadas a cuidar a los niños en situaciones de alto riesgo.
Mientras se esperan los resultados de las pericias complementarias, la causa avanza en la recolección de pruebas testimoniales. El objetivo final es determinar si la muerte de la niña de 13 años pudo haberse evitado con una presencia estatal más activa y comprometida en el territorio.
