El planteo de Fiscalía apunta hacia el empresario amante de la víctima y sus presuntos cómplices en un aborto forzado.


Nueve personas, entre ellas cinco policías, comenzaron a ser juzgadas este jueves en la causa en la que se investiga el aborto seguido de muerte de Paula Perassi, cuyo cuerpo nunca fue encontrado tras su desaparición en San Lorenzo en 2011.

Cuatro de los acusados son un empresario, su esposa, su chofer y una partera, a quienes se les atribuyen los delitos de privación ilegítima de la libertad y aborto seguido de muerte cometido contra la víctima. En todos relación a todos ellos, el fiscal Donato Trotta pidió la pena de prisión perpetua en el inicio del debate.

Respecto de cuatro de los imputados restantes, el Ministerio Público solicitó una condena de 16 años de prisión efectiva y 10 de inhabilitación especial. El planteo referido a los delitos de encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público, sustracción y destrucción de pruebas y falsedad ideológica comprende al ex jefe de la policía de San Lorenzo, Jorge Krenz y los ex agentes Gabriel Godoy, María José Galtelli y Adolfo Gómez, todos con arresto domiciliario.

En el caso del ex jefe de la la Agrupación de Cuerpos de la policía local, Adolfo Daniel Puyol, la pena requerida fue de 6 años de prisión con el mismo plazo para impedir que ocupe cargos públicos.

Las audiencias programadas en el Centro de Justicia Penal de Rosario están a cargo del tribunal integrado por Griselda Strólogo, Mariel Minetti y Álvaro Campos. Junto al doctor Trotta interviene el fiscal Ramón Moscetta en un proceso para el que hay 180 testigos citados.

De acuerdo a la acusación, Perassi fue capturada el 18 de septiembre de 2011 y obligada a abortar, tras lo cual presumiblemente murió, pero su cuerpo nunca fue encontrado, incluso a pesar de la búsqueda que llevó adelante el Equipo Argentino de Antropología Forense.

La mujer que estaba casada, tenía dos hijos varones de 2 y 6 años y cursaba un embarazo de seis semanas, salió cerca de las 20 de ese día de su casa luego de recibir una llamada telefónica.

La víctima se fue de su casa en septiembre de 2011 tras recibir un llamado telefónico.

De acuerdo a la pesquisa, la mujer dijo que iba a buscar la tarea para uno de sus hijos, aunque nunca mas regresó.

Según consta en el expediente, Perassi mantenía una relación sentimental extramatrimonial con Gabriel Strumia (41), un empresario amigo de su familia que residía en Puerto General San Martín y estaba casado.

La principal hipótesis de los fiscales y de la querella que representan los abogados Adrián Ruiz y José Ferrara es que el embarazo de Perassi era fruto del vínculo con Strumia y que éste, junto a su mujer, su chofer y una partera, la privaron ilegítimamente de la libertad para obligarla a abortar.

Siempre según la acusación, la mujer murió y su cuerpo fue ocultado con la ayuda de jefes y agentes policiales de San Lorenzo.

Junto al empresario Strumia están detenidos y procesados por privación ilegítima de la libertad y aborto sin consentimiento seguido de muerte su esposa, Roxana Michl; su chofer y mano derecha, Antonio Díaz; y la partera Mirtha Rusñisky.

“Quiero que me digan dónde están los huesos de mi hija”, dijo a la prensa Alberto Perassi, quien será testigo en el juicio y convocó a una vigilia este miércoles frente a la sede judicial de Mitre y Virasoro.

Fotografía: @gbelluati.






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