La Justicia ahondará en la presunta participación de agentes del Estado en el encubrimiento de la muerte del menor. 


La Justicia provincial finalmente se declaró incompetente en la investigación en torno a la desaparición de Valentin Reales y ordenó que sea remitido al fuero federal como desaparición forzada. Ahora se hondará sobre la presunta participación de policías.

El adolescente de 15 años se encuentra desaparecido desde finales de 2006. La última persona que lo vio con vida fue su madre y cuando quiso radicar la denuncia en la subcomisaría 18° no quisieron tomársela.

El caso quedó en manos del fiscal Guillermo Apanowicz quien centró su pesquisa en los Cuatreros, la banda delictiva de la que Valentín había formado parte, con la hipótesis de que sus miembros tomaron venganza cuando el menor quiso desligarse del grupo.

El fiscal nunca puso el ojo en los agentes policiales bajo sospecha de estar involucrados en el encubrimiento de la muerte del menor. Sin embargo, para la jueza María Trinidad Chiabrera los indicios son “serios” y dan cuenta de “una serie de irregularidades que surgen en primer término de los lugares en los cuáles habrían estacionado móviles de la policía que prestaban servicios en la subcomisaria 18° de Pérez el día 30 de noviembre de 2016, fecha en que se llevó a cabo el primer rastrillaje que derivó en el hallazgo de la zapatilla y media reconocidas por la progenitora del niño Reales como pertenecientes a él y de restos de sangre humana”.

Más allá de esto, el fiscal Apanowicz solicitó que la causa pase al fuero federal como desaparición forzada de persona, fundamentalmente por pedido de organismos internacionales de Derechos Humanos.

El caso también fue llevado a dos instancias internacionales, la Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas, desde la que se realizaron pedidos de informes y recomendaciones del Comité de Derechos Humanos a la Justicia santafesina.

Si bien el fiscal no ahondó en la participación de los agentes, en su informe detalló el secuestro de los libros de guardia de la subcomisaría 18° en junio de 2018. Allí quedó constancia de que existían “una serie de inconsistencias entre dichos, registros y la información que surge de los GPS de los móviles policiales”.

Uno de los datos que figuran en ese detalle es que el móvil C5834 estuvo estacionado el mismo día del rastrillaje en un descampado de Pérez, entre las 13.42 a 14.37 del 30 de noviembre de 2016, en un descampado donde fue localizado un pozo con la zapatilla y una media del menor. En el libro de guardia no constaba alguna incidencia que justifique la presencia de los efectivos en ese lugar.

Por este motivo, la magistrada precisó que hay indicios suficientes como la participación de agentes de la subcomisaría 18° en las “medidas investigativas, una posible alteración de los restos de sangre hallados en el pozo y las inconsistencias e irregularidades encontradas por parte del personal de esa dependencia”.

La jueza resaltó que pese a todo esto, la Fiscalía “no profundizó la investigación en ese sentido” y que además la pesquisa no pudo avanzar. En consecuencia, dispuso declinar la competencia de los jueces de primera instancia de la 2da. Circunscripción Judicial y ordenó que la causa sea caratulada como desaparición forzada de persona y que pase a la órbita federal.






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