Según los decretos de revocatoria de la concesión, la Provincia sabía de las irregularidades de Monticas antes de la tragedia



Los documentos llevan la firma del gobernador y fundamentan la quita de los permisos en los incumplimientos previos al choque que, sin embargo, nunca derivaron en sanciones a la empresa.

Mientras se ultiman los detalles de los pliegos de licitación para concesionar los recorridos de transporte que dejó Monticas y su subsidiaria Metropolitana luego de la colisión frontal que dejó 13 muertos sobre la Ruta 33, llegaron a la prensa los textos de los decretos que instrumentaron la revocatoria de la operación de los servicios.

En los documentos, se argumentan las causales que derivaron en la quita de la licencia a Monticas para operar en los corredores interurbanos y la fundamentación curiosamente expone a las claras la inacción del estado en los esquemas de control.

Es que con el hecho consumado, se posicionan en el número de denuncias de usuarios sobre irregularidades para avanzar con la quita de la concesión, quejas con las que contaban antes de la tragedia y que a juzgar por el decreto, hubieran bastado para remover a Monticas antes de la colisión.

“…la Subsecretaría de Transporte ha tomado conocimiento de denuncias de usuarios, de las que surge, mayoritariamente, que el motivo de la queja está relacionado con la mala prestación de los servicios (horarios, confort, cumplimiento diario)”, dice uno de los puntos del Decreto 0367/2017.

El documento además se posiciona sobre supuestas constataciones hechas por los inspectores de la Secretaría de Transporte donde aparentemente “se han detectado sendas deficiencias en la prestación de todos los servicios de la empresa, vgr.: incumplimientos de servicios y horarios, utilización de unidades no matriculadas y problemas de funcionamiento de las unidades en cuanto a confort y estado general del coche”.

Lo mismo ocurre con el Decreto 0368/2017 de revocatoria del servicio de Metropolitana, que conectaba Rosario con Zavalla y viceversa, donde se expone que la firma “ha incumplido con la obligación de rematricular sus unidades, situación que abonaría la teoría de la caducidad”.

Ambos decretos fueron firmados por el gobernador Miguel Lifschitz y por el ministro de de Infraestructura y Transporte, José León Garibay, el pasado 1° de marzo, días después del choque.