Nombraron un nuevo tribunal para el juicio de Salta 2141 y el debate no comenzará este año

La Justicia mantuvo sólo a una de las autoridades que habían sido sorteadas para la última etapa del proceso penal.

El predio donde se produjo la explosión sigue vacante a cinco años de la tragedia.
El predio donde se produjo la explosión sigue vacante a cinco años de la tragedia.

En apenas tres semanas, el panorama en torno a la investigación sobre la explosión en Salta 2141 terminó de nublarse y la Justicia provincial avanzó sobre nuevos cambios en la conformación del tribunal y el proceso recién concluirá el año que viene.

Al margen de los reclamos de los familiares de las 22 víctimas fatales y sobrevivientes al derrumbe cerca de Bulevar Oroño y el compromiso de la Corte Suprema de iniciar el debate antes de 2019, finalmente la fecha tentativa se pospuso hasta la segunda quincena de febrero y sólo la jueza Marcela Canavesio fue ratificada para conformar la terna.

Según informaron fuentes del fuero provincial este jueves ante la consulta de LT8, las autoridades desestimaron el pedido que había hecho Edgardo Fertita para excusarse de intervenir en el caso y fue apuntado nuevamente para analizar la causa que se abrió el 6 de agosto de 2013. De hecho, el magistrado tiene previsto jubilarse en abril, por lo que no se sabe si seguirá en funciones hasta firmar el fallo de primera instancia.

Descartados Rafael Coria y Gonzalo López Quintana entre quienes fueron sorteados a fines de octubre, el tribunal tentativo lo completa Rodolfo Zvala, otro de los jueces que se había excusado hace un mes y medio entre los pocos funcionarios que todavía están abocados a trámites del viejo sistema procesal penal.

Si bien resta confirmar cuándo empezarán las audiencias, la fiscal Graciela Argüelles se mantiene apuntada como representante del Ministerio Público para llevar adelante la acusación contra 11 personas procesadas por estrago culposo agravado por la muerte de los ocupantes del edificio. Casi la mitad de las personas involucradas trabajaba por entonces en Litoral Gas, la empresa a la que le atribuyen falta de controles para evitar la explosión mientras un técnico reparaba el regulador de las torres en la planta baja.