ONGs de consumidores indicaron que las facturas podrían llegar subas que duplicarían lo anunciado por el Gobierno. Habrá una protesta frente a Litoral Gas.


Desde el 1° de octubre rige un nuevo incremento en la tarifa del gas, que según el Gobierno promedia el 35%-38%, pero que de acuerdo a estudios de ONGs de consumidores, sería del orden del 60% a 70% para la mayoría de los usuarios. Este jueves habrá una protesta frente a la oficina de Litoral Gas en Rosario.

“De acuerdo a estudios que se están haciendo e informaciones que llegan de Buenos Aires, el incremento del 35% al 38% será sólo para los grandes consumidores, porque la mayoría tendrá una suba del orden del 60% al 70%, casi el doble de lo anunciado”, manifestó Juan Alcaraz, abogado de la Multisectorial contra el Tarifazo.

Protesta frente a Litoral Gas por el nuevo tarifazo

En diálogo con Vía Rosario, comentó que las empresas y el Gobierno justifican este bestial aumento en la disparada en los costos de la importación de gas, por la megadevaluación. “Quienes más lo sufrirán son los que menos consumen, porque se les quita el incentivo al ahorro”, dijo en referencia a la rebaja que tenían aquellos que consumían menos que el mismo periodo del año anterior.

Dentro de ese universo, el sector más afectado es el de los jubilados, a quienes por si fuera poco le rebajaron el alcance de la tarifa social. “Hoy hay personas mayores que están recibiendo facturas de $9.000, es decir, más de lo que cobran de jubilación”, señaló Alcaraz y consideró que otro tarifazo para estas personas “sería imposible de pagar”.

Respecto a los jubilados, que este jueves participarán también de la movilización frente a las oficinas de Litoral Gas de calle San Lorenzo donde se romperán boletas, destacó que la única solución que se les está brindando desde la empresa ante semejantes facturas es un plan de pagos con altísimas tasas.

“Pero eso sólo arregla lo de hoy, porque el bimestre que viene otra vez hay que caer en otro convenio y así se va haciendo una pelota impagable”, sostuvo. Es por eso que en esos casos se está impulsando la declaratoria de la situación de vulnerabilidad económica, para que el afectado sólo pague lo que pueda y la empresa quede imposibilitada de cortarle el servicio, tal como lo definió un fallo judicial.

De convalidarse las previsiones acerca de una suba del orden del 70% desde este mes, el incremento desde 2016 ascendería al 2.500% – 3.000%, según estimaron desde la ONG. “En 2015 el servicio de agua, luz y gas representaba menos del 10% del salario mínimo, hoy implica entre un 23% y un 30%, lo que nos convierte en un país energéticamente pobre”, cerró.






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