Noel Nardone
Se llevó adelante la compactación de piezas de un megadesarmadero ilegal de la zona sur de Rosario, proceso por el cual se obtendrán 200 toneladas de metal que permitirá recaudar dinero que se destinará a fines sociales y donaciones a entidades civiles.
El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, y el secretario de Gestión Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Matías Figueroa Escauriza, de quien depende la flamante Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), participaron de la etapa final de compactación por la que la Provincia percibirá fondos a destinarse con prioridad a escuelas, hospitales y clubes de barrio.
Por otro lado, trece motores que se secuestraron van a ser donados a escuelas técnicas, para mejorar sus talleres y darles mayores herramientas de aprendizaje a los alumnos, mientras que un auto de colección (marca Chevy, de los 60) se donará a un museo para que lo restaure y lo exhiba.
"Como ya lo venimos haciendo, nosotros vamos por los bienes que tiene la ilegalidad, y que tiene el delito en la provincia de Santa Fe, en este caso, estas autopartes que el Estado no tiene la capacidad de venderlas, pero si de compactarlas y de donar ese dinero a instituciones de bien, fundamentalmente a la educación", dijo Pullaro. "Somos la primera provincia que les saca los bienes al delito y los pone a disposición de instituciones de bien o instituciones educativas", agregó.
"Con esta acción le seguimos pegando al delito donde más le duele, que es en su poder económico", planteó Figueroa Escauriza. "Para que todas estas piezas no vuelvan al circuito ilegal las vamos a compactar, de esa manera no quedará rastro del delito", explicó.
En cuanto a lo que se obtenga de ese proceso, el funcionario fue taxativo: "Se comprarán elementos para escuelas públicas de Rosario, para dárselas a los estudiantes, por ejemplo computadoras o tablets".
"Vamos a seguir haciendo controles en todo lo que son desarmaderos, fundamentalmente para combatir la ilegalidad, con una decisión política muy clara en función de la línea que nos marca el gobernador Miguel Lifschitz, que es avanzar contra el delito y avanzar contra el delito complejo" agregó el ministro Pullaro.
A esto se suman las subastas de automotores que se harán a principios de octubre en el marco de la Aprad y las cuatro casas expropiadas en Melincué, que pertenecían a una red de prostitución y en junio pasado fueron escrituradas a nombre de la provincia. "Esos inmuebles están valuados en dos millones de pesos y serán utilizados con fines sociales", ilustró Figueroa Escauriza.
En el caso del desarmadero rosarino, los automotores que estaban en proceso de desguace y las autopartes ya retiradas de los vehículos fueron decomisadas por la justicia provincial, por lo que se dio intervención a la Aprad. La Agencia, inaugurada en julio, se hace cargo de la custodia y destino final de los bienes decomisados.
La empresa que realiza los trabajos de limpieza y separación de residuos, corte, compactación y transporte de los bloques de chatarra al destino de disposición final, donde serán fundidos y reutilizados en nuevos procesos productivos, paga al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por esa materia prima. Se estima que entre los bienes incautados en este desarmadero ilegal había 220 chasis y 200 mil autopartes.