Lucas Aranda
A casi cinco años del accidente fatal que derivó en el cierre del International Park, la Justicia rosarina sobreseyó a la última persona que quedaba procesada como parte de la causa penal referida a la muerte de dos nenas de 12 y 14 años en el Parque de la Independencia.
La resolución del juez Ismael Manfrín benefició a Gregorio Ramírez, quien al momento de la tragedia se desempeñaba como director del área de Inspecciones de la Municipalidad. El abogado Jorge García Cupé celebró la decisión y señaló que "no estaba dentro de las obligaciones" de su cliente "llegar al control puntual que hubiera exigido desarmar completamente un mecanismo de alta complejidad".
"Aún cuando varios ingenieros hubieran estado observando puntualmente el mecanismo, no hubieran podido detectar que un desplazamiento de 2 mm. generaría el desprendimiento de la canasta", explicó el defensor respecto del resultado de la pericia que desvinculó definitivamente al ex funcionario del Ejecutivo de la causa por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
El caso profundizó la conmoción que se vivía en la ciudad durante los días posteriores a la explosión y el derrumbe que dejó 22 víctimas fatales y más de 60 heridos en Salta 2141. Mientras el megaoperativo de búsqueda de las personas desaparecidas atravesaba su quinta jornada, Florencia y Mélani Aranda estaban junto al resto de su familia participando de un festejo por el Día del Niño al que asistieron afiliados al Sindicato de Peones de Taxi, pero el carro de La Vuelta Al Mundo al que habían subido ese día cayó al vacío y perdieron la vida en el acto.
En diálogo con LT8, el representante legal de Ramírez agregó que el dictamen técnico realizado después del procesamiento determinó que "la máquina tenía un serio defecto de construcción que no preveía la existencia de doble mecanismo de seguridad".
El ex director municipal había sido separado de su cargo por orden de la intendenta Mónica Fein, quien estuvo acompañando en la etapa posterior a los parientes que sobrevivieron a la tragedia y a Cristian Aranda, oriundo de Rafaela y padre de las niñas. La familia fue resarcida económicamente tras el episodio como parte de la probation a la que accedió Adrián Osella, apoderado del predio ubicado sobre Bulevar Oroño y 27 de Febrero.
Además de Ramírez, la investigación que inició el juez Juan Carlos Curto -también a cargo de las primeras medidas por el caso Salta 2141- abarcó a Hilda Gontín y Alejandro Abud, por entonces a cargo de las áreas de Gestión y Control de Concesiones y la coordinación técnica de Inspecciones respectivamente. Ambos recibieron la falta de mérito tras la instrucción y posteriormente se revocó el procesamiento de Emiliano Supisiche, el joven de 19 años que operaba el juego cuando se desprendió la canasta en la que estaban las nenas.