Mientras se desmantelaba un destacamento de la Policía Comunitaria en la ciudad de Santa Fe, el dueño de la propiedad salió a denunciar que por el arrendamiento del inmueble la Provincia nunca le pagó un centavo. Hoy reclama unos 200 mil pesos.
La propiedad está ubicada en la esquina de las calles La Rioja y San Juan, en barrio Roma, zona donde el último domingo mataron al arquitecto Ariel Castelló.
El dueño, Héctor Caloia, expresó que "cuándo me pidieron la propiedad, completaron una serie de formularios en la que se dictaminó que estaba todo correcto. En ese momento, para ir adelantando tiempo mientras salía el expediente, me pidieron ingresar para acomodar las instalaciones, colocar el aire acondicionado y los carteles identificatorios. Accedí de buena voluntad y eso fue el fin de todo".
Luego de eso Caloia asegura que no se le pagó ningún mes de ocupación del local, y que, al no existir un contrato que avale el alquiler del inmueble, nunca se dio de alta el servicio de luz eléctrica, y por lo tanto la propiedad se encuentra "enganchada" a la EPE.
El hombre también dijo a la prensa santafesina que existe una deuda con Aguas Santafesinas que asciende a los 16 mil pesos y que actualmente se encuentra judicializada. A su vez, aseguró que se les cortó el gas natural debido a la falta de pago,.
"Está toda la voluntad para que se queden en la casa. Queremos que regularicen la situación", indicó Caloia que intentó así despejar cualquier rumor de desalojo, como se había deslizado oportunamente, hecho que generó el inmediato repudio de los vecinos.