La Justicia dispuso custodia policial para la familia de Julio Galván luego del tiroteo en Puerto General San Martín.


El juez penal de San Lorenzo Eduardo Filocco ordenó este jueves la prisión preventiva de los dos detenidos por el ataque a balazos contra un dirigente de la Uocra que terminó con la muerte de su cuñado en Puerto General San Martín.

Tanto Diego Martínez, de 35 años, como Áxel Sánchez (23) fueron imputados por el asesinato de Juan Garcilazo y el intento de homicidio de Julio Galván, el gremialista de 53 años que sobrevivió a pesar de las heridas y se recupera en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. En ambos casos, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) planteó formalmente la calificación por concurso premeditado de dos o más personas e introdujo como agravante el uso de arma de fuego.

“Esto no fue al voleo”, sentenció el fiscal Leandro Lucente al retirarse de los Tribunales provinciales. Respecto de los acusados, el funcionario confirmó que uno de ellos tiene antecedentes condenatorios por robo calificado y recordó que los dos fueron “aprehendidos en flagrancia”.

De acuerdo a la resolución del magistrado, los dos sospechosos quedarán privados de su libertad hasta la audiencia preliminar para avanzar hacia el juicio oral. Durante el debate, sus defensores pidieron que la medida se morigerara con un plazo de 45 días, pero la propuesta fue desestimada. Sus clientes se declararon inocentes y aseguraron que no conocían a las víctimas, aunque varios testigos apuntaron que a Galván lo llamaron por su nombre de pila.

Más allá de este último dato y de las sospechas de la familia del gremialista sobre el vínculo entre el ataque y su actividad junto al interventor Carlos Vergara, ningún testimonio corroboró la versión de que los agresores habían hecho referencia a su labor en La Plata tras el desplazamiento de Juan Pablo “Pata” Medina.

En cuanto a las hipótesis del caso, Lucente apuntó que siguen buscando a una tercera persona que huyó a bordo de una Renault Kangoo roja después de la balacera a partir de pericias telefónicas y el material de cámaras de seguridad. Mientras tanto, los allegados a las víctimas cuentan con custodia policial.




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