Está apuntado como quien filtró información interna de la Fiscalía a delincuentes dedicados al juego clandestino.


La causa que investiga la connivencia entre un integrante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y miembros de una banda dedicada a la extorsión y le juego clandestino tuvo un giro que hizo sacudir las estructuras del poder judicial con la orden de allanamiento sobre el fiscal de la Unidad Especializada Covid-19, Gustavo Ponce Asahad.

Según se confirmó, un equipo integrado por las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) llegó este viernes a un departamento de Oroño al 1200 donde reside Ponce Asahad, apuntado como el responsable de filtrar información interna del MPA a Leonardo Andrés Pieti de 46 años quien buscaba la liberación de dos hombres que habían sido detenidos por andar armados.

La mirada se posó sobre la Fiscalía luego de las imputaciones contra Alejandro Torrisi, comisario mayor retirado, y Maximiliano “Cachete” Díaz, apuntado por haber participado de múltiples extorsiones a taxistas y también haber sido el organizador del ataque contra el casino City Center, en el que murió baleado el gerente bancario Enrique Encino.

De acuerdo a la pericia del teléfono de Cachete, dos días antes de ese atentado, este le pidió a Pieti que intentara interceder para apurar la liberación de dos detenidos. Pieti habría consultado primero a Torresi, y luego a alguien del Centro de Justicia Penal, que según la hipótesis de los investigadores sería Ponce Asahad, para que le diera una mano en la tarea encomendada.

En las últimas horas la auditora general del MPA, María Cecilia Vranicich, había planteado que había llegado a diez sospechosos entre fiscales y empleados, hecho que ahora se posiciona sobre una sola persona.

De hecho se conoció el diálogo parte del texto del Whatsapp que habría escrito la persona que es objeto de la investigación desde la Fiscalía. “No tengo la causa yo, pero déjame ver cómo metemos un comentario ahí”, escribió alguien desde el MPA a Pieti. Luego de dicho mensaje se corroboró que existió una consulta en el sistema interno sobre el estado de los detenidos.




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