Empleados judiciales están en pie de guerra con el Colegio de Abogados de Rosario, luego de que este insistiera en el regreso de las actividades pese a la cuarentena obligatoria por el coronavirus. "Están menospreciando nuestra labor", se quejaron los judiciales.
Por un lado están los abogados que hace casi dos meses que no pueden trabajar con normalidad, teniendo que seguir pagando todas las cargas propias de la actividad, además de tener que hacer frente a los gastos cotidianos de cualquier ciudadano. Por el otro la Corte Suprema de Justicia, que sigue avalando una restricción de las actividades, que es apoyada por los empleados de ese poder.
"La Corte Suprema de Justicia, ha sido ofendida gratuita e injustamente, pues recibió agravios por limitarse a cumplir con su deber constitucional, al observar lo ordenado por el presidente Alberto Fernández y por el gobernador Omar Perotti, con relación al aislamiento social preventivo y obligatorio y a los protocolos de salud dispuestos que son de orden público para todos los habitantes de nuestro país", dijo Jorge Perlo, Secretario general de Trabajadores Judiciales de Santa Fe.
La referencia es a las duras críticas del titular del Colegio de Abogados de Rosario, Carlos Ensinck, que comparó el servicio de justicia que se está brindando en la actualidad con el trabajo de una ferretería. "Al presidente de la Corte le pagamos 1 millón de pesos por mes de salario", cargó, responsabilizándolo por la aguda merma en la actividad judicial.
"Lamentablemente aparecen voces disidentes que arrogándose la representación de la ciudadanía, descalifican y menosprecian al Poder Judicial, cuando magistrados, funcionarios y empleados han puesto lo mejor para cumplir con sus obligaciones y han estado a disposición de la Corte Suprema de Justicia para efectuar su labor", disparó el dirigente gremial.
"Al día de hoy y paulatinamente, el Poder Judicial se va reencontrando con la normalización de sus actividades, pero siempre con el pleno respeto del marco legal vigente que conforman las normas de profilaxis que dicten la nación y la provincia, sin que nadie se ofenda, pues se ha de privilegiar el cumplimiento del deber legal que como funcionarios públicos nos corresponde, dando prioridad a la salud de los trabajadores y trabajadoras y público en general, ante el innecesario apuro de abrir todo un tribunal con los riesgos que ello conlleva", argumentó Perlo.