Después de que allanaran la casa que alquila en un country de Ibarlucea, Andrés Bracamonte no fue imputado ante la Justicia provincial a raíz del procedimiento. Sin embargo, el secuestro de 2,5 millones de pesos derivó en un proyecto para pedir que la Municipalidad informe sobre los negocios del jefe de la barra brava de Central.
Con la megacausa de "Los Monos" como antecedente, el edil Rodrigo López Molina planteó su preocupación sobre las seis licencias de taxis a nombre de parientes directos de "Pillín" y reclamó "control sobre posibles prestanombres". Sobre este punto argumentó que el sistema para acceder a la titularidad de una chapa en la ciudad es "cuanto menos permeable" y es necesario "evitar que sea utilizado para blanquear ganancias de actividades delictivas".
"La Municipalidad no puede mirar para otro lado", afirmó el ex diputado provincial del PRO respecto de la actividad comercial de Bracamonte. Así se refirió a las empresas Vanefra Servicios SRL, Ruffino SAS, Kabrasi SRL y Ser-Eco SRL para solicitar al Ejecutivo precisiones sobre contratos vigentes o anteriores con alguna de esas firmas.
Si bien López Molina elogió al fiscal Miguel Moreno por "avanzar sobre quien parecía un intocable", desde entonces no trascendieron pruebas de la participación del jefe de la barra canalla en los delitos que investiga el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Por entonces el nombre de Bracamonte surgió a partir de cruzar datos sobre usurpaciones y extorsiones junto al asesinato del policía Cristian Ibarra, por el cual ya condenaron a uno de los hijos del ex líder de "Los Monos".
