Tras la ley de expropiación de la Quinta de Funes, a fines del año pasado, el ministro de Justicia, Ricardo Silverstein, solicitó que el inmueble, que funcionó como un centro clandestino en la época de la Dictadura, sea un espacio representativo de "los valores de la vida y la democracia".
El ministro recordó que la ley establece que el lugar debe ser utilizado "con un criterio de educación, para que funcione ahí un centro de educación y cultura que reproduzca valores".
Se realizará de manera conjunta entre la Municipalidad de Funes y el gobierno santafesino, "escuchando a los organismos de derechos humanos, que sea abierto para el público en general y también tenga una directa relación con las escuelas, de manera tal que sea un centro de reproducción de los valores de la vida, la democracia y de una sociedad mejor".
El 10 de abril de 2010, el Tribunal Federal Nº 4 de Rosario condenó a los represores Pascual Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Jorge Fariña, Eduardo Constanzo y Walter Pagano por los delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas, tormentos, desaparición física y homicidio, calificados por alevosía, de militantes políticos detenidos desaparecidos: Jorge Novillo, Stella Hilbrand de Del Rosso, Eduardo Toniolli (esposo de Alicia Gutiérrez y padre de Eduardo Toniolli), Raquel Negro, Carlos Laluf, Marta María Benassi, Miguel Angel Tossetti, Oscar Capella, Marta María Forestello, Ana María Gurmendi, Fernando Dante Dussex, Pedro Retamar, María Reyna Lloveras y Teresa Soria de Sklater; privación ilegítima de la libertad de Tulio Valenzuela y Raquel Negro, y tormentos contra Jaime Dri (único sobreviviente del campo Quinta de Funes) y el resto de los mencionados.
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